junio 18, 2026
regularización de lotes Michoacán
El diputado David Martínez Gowman presentó una iniciativa para que familiares y cuidadores de personas con discapacidad puedan obtener placas especiales, además de reconocer legalmente los vehículos utilizados por comunidades indígenas con autogobierno.

Omaida Melissa García | ClsComunica

Morelia, Michoacán a 18 de junio de 2026. El diputado David Martínez Gowman presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán con el propósito de facilitar el acceso a placas con distintivo de discapacidad y otorgar certeza jurídica a los vehículos utilizados por comunidades indígenas con autogobierno.

La propuesta plantea modificar el artículo 153 de la legislación vigente para que las placas destinadas a personas con discapacidad puedan ser otorgadas también a vehículos propiedad de familiares directos o cuidadores.

Actualmente, la ley establece como requisito que el automóvil esté registrado a nombre de la persona con discapacidad, una condición que, según el legislador, excluye a menores de edad y a personas que no cuentan con recursos económicos para adquirir un vehículo propio.

Martínez Gowman argumentó que esta limitación administrativa termina restringiendo el acceso a herramientas diseñadas para favorecer la movilidad y la inclusión de quienes enfrentan alguna discapacidad.

La iniciativa también busca incorporar de manera expresa a los autogobiernos indígenas dentro del marco legal estatal para que puedan registrar vehículos oficiales destinados a tareas de seguridad pública, protección civil, atención de emergencias y servicios comunitarios.

De aprobarse, la reforma permitiría reconocer jurídicamente unidades utilizadas por comunidades indígenas que ejercen formas de autogobierno reconocidas en Michoacán, brindando mayor claridad administrativa sobre su operación.

El legislador sostuvo que los cambios pretenden adecuar la normativa estatal a las necesidades reales de sectores que actualmente enfrentan obstáculos burocráticos para acceder a derechos o cumplir funciones comunitarias.

La discusión de esta iniciativa abre un debate sobre la capacidad de las leyes para adaptarse a realidades sociales diversas y sobre si los procedimientos administrativos están facilitando derechos o convirtiéndose en barreras para ejercerlos.

¿Te gustó? Comparte: