Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 18 de junio de 2026.El diputado Alfredo Anaya Orozco, integrante del Grupo Parlamentario del PVEM, respaldó la aprobación de una reforma al Código de Desarrollo Urbano de Michoacán que elimina la duplicidad de trámites ambientales para proyectos cuya evaluación corresponde exclusivamente a la Federación.
La modificación armoniza la legislación estatal con lo establecido en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que otorga a las autoridades federales la facultad de evaluar el impacto ambiental de determinadas obras y actividades de gran escala.
De acuerdo con el legislador, la normativa vigente generaba procedimientos redundantes al exigir autorizaciones estatales adicionales para proyectos que ya habían sido evaluados por instancias federales, lo que provocaba retrasos, mayores costos y falta de certeza jurídica para particulares y desarrolladores.
La reforma establece que los proyectos reservados expresamente a la competencia federal ya no deberán someterse a una evaluación estatal paralela. Sin embargo, se mantendrá la obligación de presentar Manifestaciones de Impacto Ambiental ante autoridades estatales en todos aquellos casos que no estén contemplados dentro de las atribuciones exclusivas de la Federación.
El dictamen aprobado por la Comisión de Desarrollo Urbano reconoce el principio de concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno y busca respetar la distribución de competencias prevista en la legislación ambiental mexicana.
Anaya Orozco sostuvo que las evaluaciones federales suelen incluir análisis técnicos especializados de amplio alcance, por lo que consideró más eficiente que las autoridades estatales concentren sus esfuerzos en supervisar el cumplimiento de las autorizaciones emitidas, en lugar de replicar procedimientos ya realizados.
La discusión de esta reforma pone sobre la mesa un tema recurrente en la administración pública: cómo simplificar trámites sin debilitar los mecanismos de protección ambiental. El desafío será garantizar que la agilización de procesos no se traduzca en una menor vigilancia sobre los impactos que generan los proyectos de gran escala.
