Benjamín Álvarez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 13 de agosto de 2026.- El gobierno de Michoacán solicitó que Raúl “N.” sea condenado a 12 años de prisión por el delito de sabotaje y al pago de un millón 370 mil pesos por los daños materiales que la administración estatal atribuye a los disturbios registrados en noviembre de 2025.
La petición forma parte de una acusación coadyuvante presentada por la Dirección Jurídica de la Secretaría de Gobierno dentro de la causa penal 683/2025.
En el documento, la administración estatal solicita que la reparación integral del daño comprenda un pago de un millón 370 mil pesos por afectaciones al patrimonio público.
La cantidad corresponde, según la acusación, a daños ocasionados en “el inmueble, mobiliario, equipo de cómputo, puertas, cristales, bienes históricos y demás bienes afectados”.
El gobierno estatal también pide que sean incluidos los gastos adicionales que se acrediten durante el juicio por la restauración, rehabilitación y reposición de los bienes, así como cualquier actualización derivada de los dictámenes periciales.
En cuanto a la pena, la representación jurídica solicita 12 años de prisión y la suspensión de los derechos políticos por el mismo periodo.
La acusación sostiene que los datos de prueba obtenidos durante la investigación son suficientes para acreditar “la existencia del hecho delictivo y la probable responsabilidad penal del acusado”.
El documento también desarrolla una argumentación sobre la participación colectiva en el delito de sabotaje y señala que la responsabilidad puede analizarse mediante la figura del dominio funcional del hecho.
Según la acusación, la destrucción del patrimonio público puede involucrar acciones coordinadas como “ingreso conjunto, neutralización de obstáculos, ocupación del inmueble, destrucción simultánea” y distribución espacial de actividades.
A partir de ese planteamiento, el gobierno estatal sostiene que la imputación contra Raúl “N.” debe considerar la participación de cada persona dentro del conjunto de acciones.
El documento afirma que la imputación se construye sobre “el acuerdo, la participación, la permanencia” dentro de la acción colectiva.
Sin embargo, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, ha rechazado que la administración estatal haya impulsado medidas más severas contra Raúl “N.” y afirmó que incluso propuso que enfrentara el procedimiento fuera de prisión.
“Nosotros mismos le propusimos a su defensa pedir el cambio de medidas cautelares, para que llevara su proceso en libertad”, declaró.
El funcionario también señaló que el delito que se le imputa continúa siendo sabotaje y que el procedimiento seguirá hasta que concluya la investigación.
“El delito que está imputado es sabotaje, se va a seguir llevando a cabo hasta que se cierre su carpeta”, sostuvo.
El proceso deriva de la detención de Raúl “N.” durante los disturbios registrados en Palacio de gobierno en noviembre de 2025, después de las movilizaciones realizadas tras el asesinato de Carlos Manzo.
