Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 29 de abril de 2026. l coordinador del PT en el Congreso local, Reyes Galindo Pedraza, propuso reformar la Ley de Víctimas del estado para garantizar atención inmediata e integral a personas afectadas por delitos o violaciones a derechos humanos, sin exigir trámites previos para acreditar su condición.
La iniciativa plantea que la sola existencia del hecho victimizante sea suficiente para activar servicios de atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social, en un intento por eliminar barreras burocráticas que retrasan el acceso a apoyo institucional.
El legislador sostuvo que el objetivo es cumplir con los principios establecidos en la Ley General de Víctimas, como la debida diligencia, buena fe, gratuidad, no discriminación y máxima protección, que en la práctica —dijo— no siempre se aplican.
Recordó que tras la reforma constitucional en derechos humanos de 2011, el Estado está obligado a garantizar protección integral a víctimas. Sin embargo, señaló que persisten vacíos en la atención, especialmente en contextos de violencia donde los hechos son públicos pero las víctimas siguen enfrentando obstáculos para ser reconocidas.
Galindo también planteó que en casos notorios —como bloqueos carreteros o ataques que generan impacto social— no debería exigirse a las víctimas comprobar hechos ampliamente conocidos, bajo los principios de buena fe y debida diligencia.
La propuesta incluye fortalecer a las instituciones encargadas de atender a víctimas, con el fin de garantizar acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, en un contexto estatal marcado por episodios recurrentes de violencia.
El planteamiento busca corregir una falla estructural: que la ayuda llegue tarde o no llegue. En un entorno donde ser víctima implica también enfrentar al aparato institucional, la reforma abre una pregunta de fondo: ¿puede el Estado garantizar justicia si la primera respuesta sigue atrapada en la burocracia?
