Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 29 de abril de 2026. El diputado Octavio Ocampo propuso reformar el Código Penal estatal para castigar prácticas de espionaje y vigilancia ilegal que hoy operan con herramientas digitales, desde cámaras clandestinas hasta software espía.
La iniciativa busca tipificar cuatro conductas: videovigilancia ilegal, rastreo digital ilícito, espionaje digital y suplantación de identidad. El objetivo, según el legislador, es cerrar vacíos legales frente a delitos que han evolucionado más rápido que la ley.
El planteamiento surge en un contexto marcado por hallazgos como las llamadas “cámaras parásitas” detectadas en Apatzingán, presuntamente utilizadas por grupos criminales para monitorear movimientos de autoridades. También apunta a frenar el uso de dispositivos GPS para rastrear personas sin consentimiento y el empleo de tecnología —incluida inteligencia artificial— para cometer fraudes mediante robo de identidad.
Ocampo advirtió que la legislación actual es insuficiente para perseguir estos delitos, lo que facilita la impunidad. La reforma, dijo, busca proteger la privacidad, los datos personales y la seguridad de la población, además de fortalecer la capacidad del Estado para responder al cibercrimen.
La propuesta coloca sobre la mesa un nuevo frente de seguridad: el digital. Mientras la tecnología amplía las formas de vigilancia ilegal, la respuesta institucional sigue en construcción. ¿Puede una reforma legal frenar delitos que cambian al ritmo de la tecnología?
