Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 29 de abril de 2026. La diputada Adriana Campos Huirache propuso convertir al Instituto de la Defensoría Pública en un organismo autónomo, con el argumento de garantizar una defensa legal imparcial y accesible, especialmente para personas sin recursos.
La iniciativa plantea reformar la Constitución local para que la Defensoría deje de depender del Poder Ejecutivo, una condición que —según la legisladora— limita su independencia frente al propio Estado.
Campos sostuvo que, aunque el derecho a una defensa adecuada está garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su cumplimiento enfrenta obstáculos estructurales. Entre ellos, mencionó la falta de recursos, cargas excesivas de trabajo, bajos salarios y deficiencias en infraestructura.
El planteamiento busca modificar el artículo 103 de la Constitución estatal para dotar a la institución de personalidad jurídica y patrimonio propio, lo que permitiría fortalecer su operación y profesionalización.
La diputada reconoció el trabajo del personal de la Defensoría, pero advirtió que el modelo actual impide garantizar plenamente una representación legal sin presiones externas, en especial en casos donde el Estado es parte.
La propuesta se inserta en un contexto donde el acceso a la justicia sigue siendo desigual y dependiente de la capacidad económica de las personas. ¿Puede la autonomía institucional traducirse en una defensa efectiva para quienes hoy enfrentan al sistema sin recursos?
