Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 29 de octubre de 2026.- Para combatir el crecimiento desordenado de las ciudades y la proliferación de asentamientos sin servicios, el diputado Alfredo Anaya Orozco (PVEM) presentó una iniciativa de reforma legislativa para impedir que las sentencias de «prescripción positiva» se utilicen para autorizar fraccionamientos o subdivisiones irregulares de terreno.
El legislador explicó que cerca del 90% de las subdivisiones e n el estado se realizan simulando juicios de prescripción, repartos de terrenos compartidos o trámites de información ad perpetuam, con el objetivo explícito de evadir las licencias ambientales, catastrales y de desarrollo urbano.
Actualmente, cuando la división de un terreno deriva de un fallo judicial, diversas autoridades municipales otorgan permisos sin exigir el cumplimiento de las normativas vigentes. Esta práctica permite omitir la entrega de las áreas de donación obligatorias —destinadas a calles, parques y equipamiento público—, afectando directamente el patrimonio de los municipios.
La propuesta plantea que toda sentencia judicial que reconozca la propiedad sobre la fracción de un predio condicione su inscripción en las oficinas de Catastro y el Registro Público al cumplimiento previo de los trámites de subdivisión o desarrollo urbano, según corresponda.
Anaya Orozco enfatizó que la medida no busca vulnerar el derecho a la propiedad privada, sino garantizar que los nuevos asentamientos no se ubiquen en zonas de riesgo, carezcan de servicios básicos o afecten el abastecimiento de agua y el medio ambiente.
¿Suelen ser las restricciones al Registro Público suficientes para frenar la venta ilegal de terrenos, o se requieren sanciones penales más severas contra promotores de asentamientos irregulares?
