juicio político contra Rubén Rocha Moya
El diputado de Movimiento Ciudadano pidió que se actúe sin privilegios políticos si existen elementos para un juicio político o desafuero contra el gobernador de Sinaloa.

Omaida Melissa García | ClsComunica

Morelia, Michoacán a 07 de mayo de 2026.- El diputado local de Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, exigió que se investigue sin excepciones ni protección política cualquier señalamiento relacionado con posibles vínculos o responsabilidades de funcionarios en el fortalecimiento del crimen organizado.

Desde tribuna, el legislador sostuvo que, si existen elementos suficientes contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, deben iniciarse procedimientos de desafuero, juicio político o responsabilidades penales conforme a la ley.

“No puede haber excepciones ni privilegios”, afirmó el diputado a nombre de la bancada naranja.

Carreño señaló que la soberanía nacional no debe utilizarse como argumento para evitar investigaciones cuando delitos como el narcotráfico tienen impacto internacional.

“La soberanía no es un refugio de impunidad”, advirtió.

El legislador también criticó que los discursos sobre defensa de la soberanía contrastan con la violencia y el control territorial que grupos criminales mantienen en distintas regiones del país.

Además, consideró que la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya no puede verse únicamente como un trámite administrativo o político debido a la gravedad de las acusaciones que enfrenta.

Por ello, pidió investigaciones “profundas, objetivas y autónomas”, además de fiscalías con independencia real y partidos políticos que no protejan intereses particulares.

Durante su intervención, Carreño lanzó críticas contra lo que calificó como simulación política frente a la crisis de violencia que vive México.

“La larga noche de violencia que ha vivido México exige que los de siempre dejen de actuar como siempre”, expresó.

El posicionamiento ocurre en medio del debate nacional sobre la actuación de autoridades frente al crimen organizado y la presión pública para que las investigaciones alcancen a funcionarios de cualquier nivel.

La pregunta de fondo sigue siendo si los llamados a combatir la impunidad realmente alcanzarán a las estructuras políticas o solo quedarán en discursos de tribuna.

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