Benjamín Álvarez | ClsComunica
Morelia, Michoacán 23 de junio de 2026.- Una resolución de la Primera Sala del Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM) determinó imponer una inhabilitación por 20 años al diputado morenista Juan Carlos Barragán Vélez, además de ordenar el resarcimiento de 5 millones 636 mil 600 pesos al erario estatal por irregularidades detectadas en la operación del programa Beca Futuro.
El procedimiento quedó asentado en el expediente PRA-0011/2025-I y deriva de hechos ocurridos durante 2018, periodo en el que Barragán encabezaba la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno de Michoacán.
Según la resolución, el órgano jurisdiccional acreditó la comisión de una falta administrativa grave al autorizar la entrega de recursos públicos sin que existiera la validación correspondiente del Comité Técnico responsable de aprobar los apoyos.
La investigación estableció que los recursos observados, equivalentes a más de 5.6 millones de pesos, fueron distribuidos a personas cuyos beneficios no habían sido formalmente autorizados dentro de los procedimientos normativos del programa.
El fallo fue emitido el 17 de junio y posteriormente notificado el 19 de junio, de acuerdo con la información oficial del caso.
Dentro del mismo procedimiento también fueron incluidos María Teresa Madrigal Alanís y Gerardo García Ambriz, quienes ocupaban cargos directivos y administrativos en la dependencia durante el periodo investigado.
De mantenerse firme la resolución, Barragán quedaría impedido para ejercer cualquier función pública hasta el año 2046, una situación que tendría repercusiones directas en sus aspiraciones políticas.
La determinación surge en un contexto en el que el legislador de Morena aparecía como uno de los cuadros más competitivos de su partido para disputar la alcaldía de Morelia en la elección de 2027.
Su presencia constante en encuestas y sondeos lo colocaba entre los actores con mayores posibilidades dentro de la contienda interna.
Aunque la resolución corresponde a una primera instancia y aún podría ser objeto de recursos legales, la sanción representa uno de los golpes más severos contra un actor político en activo en Michoacán, al combinar una inhabilitación de largo plazo con una obligación de reparación económica por presunto daño a las finanzas públicas estatales.
