Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.– El acceso a la justicia para personas adultas mayores sigue siendo un pendiente estructural, pese al marco constitucional que prohíbe la discriminación. Así lo reconoció la magistrada Citlalli Fernández González, quien expuso que, en la práctica, este sector enfrenta desventajas que obligan a los jueces a intervenir con criterios diferenciados.
Durante su participación en el programa El Arte de lo Bueno y lo Justo, la magistrada señaló que el artículo 1º constitucional establece la obligación de garantizar igualdad sustantiva. Sin embargo, esa premisa contrasta con realidades donde los procesos judiciales no siempre consideran condiciones de vulnerabilidad.
Los casos más frecuentes —patrimoniales, pensiones y conflictos familiares— evidencian la necesidad de analizar el contexto social de las personas adultas mayores. En ese escenario, herramientas como la suplencia de la queja buscan equilibrar el proceso, aunque no resuelven de fondo las desigualdades.
La digitalización del sistema judicial, presentada como avance, también abre una nueva brecha: muchas personas mayores no tienen acceso o habilidades para utilizar plataformas digitales, lo que limita su defensa.
Fernández González admitió que la vulnerabilidad no es automática por la edad, pero sí emerge cuando hay barreras físicas, sociales o tecnológicas. Aun así, el sistema sigue operando con ritmos lentos y procedimientos que, en los hechos, complican el acceso efectivo a la justicia.
El llamado institucional es a que las personas adultas mayores denuncien y participen en sus procesos. La pregunta es si el sistema está realmente diseñado para escucharles o solo para cumplir con el discurso de inclusión.
