Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 17 de Abril de 2026.- En Michoacán, el discurso sobre la riqueza artesanal contrasta con la precariedad de quienes la sostienen. Bajo ese contexto, la diputada Eréndira Isauro Hernández, junto con el legislador Marco Polo Aguirre Chávez, presentó una reforma para obligar a los municipios a involucrarse —con presupuesto y reglas claras— en el respaldo al sector.
La propuesta plantea modificar el artículo 6 de la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del estado para trasladar parte de la responsabilidad a los ayuntamientos, el nivel de gobierno más cercano a las comunidades, pero también uno de los más ausentes en este rubro.
En tribuna, la legisladora reconoció lo evidente: Michoacán es potencia artesanal, pero sus creadores operan en condiciones desiguales. Falta de espacios dignos, escaso acceso a mercados y políticas públicas débiles siguen marcando el día a día de miles de familias.
El golpe no es nuevo, pero se profundizó tras la pandemia de COVID-19 y la inflación posterior. La cancelación de ferias, tianguis y concursos dejó a muchas comunidades sin su principal fuente de ingresos.
Tres cambios de fondo
La iniciativa se centra en tres medidas concretas:
- Presupuesto obligatorio: municipios deberán asignar recursos para traslado y logística, facilitando que artesanos participen en ferias y exposiciones.
- Espacios dignos y visibles: se busca frenar la práctica de relegarlos a zonas de bajo flujo comercial durante eventos y en la vía pública.
- Turismo con derrama real: integrar la producción artesanal a planes turísticos municipales, promoviendo visitas a talleres y comunidades, con menos intermediarios.
La lógica es clara: sin intervención local, el sector seguirá dependiendo de esfuerzos estatales aislados y de dinámicas comerciales que marginan a los propios creadores.
La reforma también apunta a un cambio de enfoque: dejar de ver la artesanía solo como símbolo cultural y asumirla como una actividad económica estratégica, especialmente en comunidades rurales e indígenas donde representa el ingreso principal.
El reto, sin embargo, no está en el diagnóstico sino en la ejecución. Obligar en papel no garantiza cumplimiento en municipios con presupuestos limitados o prioridades políticas distintas.
