Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 14 de septiembre de 2026.- Durante el segundo año de la 76 Legislatura, el Congreso de Michoacán aprobó y promovió reformas relacionadas con seguridad pública, procuración de justicia y protección de víctimas, de acuerdo con el balance difundido por el propio Poder Legislativo.
Entre las acciones destacadas se encuentra la toma de protesta constitucional de 109 jueces, juezas, magistradas y magistrados del Poder Judicial de Michoacán, quienes fueron electos mediante voto popular para ejercer funciones jurisdiccionales durante un nuevo periodo.
El Congreso también aprobó una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la que se planteó una reestructuración de la institución para fortalecer la procuración de justicia, el combate a la impunidad, la atención a víctimas y la transparencia.
En materia de delitos vinculados con nuevas tecnologías, la Legislatura reportó reformas para incorporar y sancionar conductas relacionadas con violencia mediática, violencia digital, ciberacoso y el uso de inteligencia artificial cuando genere algún tipo de violencia.
Otra de las reformas incorporó al Código Penal estatal el delito de sumisión química, con penas de entre dos y cinco años de prisión para quien administre narcóticos, fármacos u otras sustancias con el propósito de disminuir o anular la voluntad de una persona y facilitar la comisión de otro delito.
El Congreso también señaló un incremento de penas por abuso sexual, bajo una concepción que reconoce que esta violencia puede ejercerse mediante poder, manipulación, coacción, hostigamiento y herramientas digitales, además del contacto físico.
A nivel federal, las y los legisladores michoacanos propusieron modificar el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con el objetivo de incorporar el dolo, la mala fe y la violencia como elementos de explotación laboral.
El balance forma parte de las acciones que la 76 Legislatura presenta al concluir su segundo año de trabajo. Sin embargo, más allá de las reformas aprobadas, queda por medir si estos cambios se han traducido en una mayor capacidad institucional para prevenir delitos, proteger víctimas y garantizar justicia efectiva en Michoacán.
¿Las reformas aprobadas están logrando cambiar la realidad de la seguridad y la justicia o todavía falta demostrar sus resultados en la práctica?
