Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 13 mayo de 2026. El Congreso del Estado de Michoacán aprobó reformas a la Ley Contra las Adicciones en el Estado de Michoacán para reforzar la atención y protección de niñas, niños y adolescentes frente al consumo de sustancias.
Las modificaciones a los artículos 5 y 6 de la ley fueron avaladas durante Sesión Extraordinaria, a partir de una iniciativa presentada por la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez.
Con los cambios, las autoridades estatales y municipales, así como particulares involucrados en la atención de menores con adicciones, estarán obligados a garantizar derechos humanos y debido proceso en cualquier intervención.
La reforma también establece que niñas, niños y adolescentes con problemas de adicción deberán recibir apoyo gratuito y atención integral para proteger su salud física y emocional, siempre con autorización de madres, padres o representantes legales.
El nuevo marco legal ordena además que el Estado implemente acciones para evitar el abandono escolar de menores en tratamiento o rehabilitación. Entre ellas se contemplan acompañamiento psicológico, orientación familiar y acceso a programas educativos, alimentarios, de transporte y asistencia social.
Otro de los cambios aprobados obliga a las autoridades de salud y educación a desarrollar programas preventivos en escuelas públicas y privadas.
Estos programas deberán incluir mecanismos de detección temprana, campañas permanentes de prevención, protocolos de actuación inmediata ante casos de consumo y acompañamiento psicosocial tanto para estudiantes como para sus familias.
La reforma también contempla estrategias específicas para atender a menores con problemas de adicción que además estén en conflicto con la ley.
Durante la discusión de la iniciativa, Caratachea sostuvo que las adicciones en menores representan una de las problemáticas más graves de salud pública y derechos humanos, debido a su impacto en el desarrollo físico, emocional, educativo y social.
El reto ahora no será solo aprobar leyes, sino medir si las instituciones de salud y educación tienen capacidad real para detectar, atender y acompañar a menores antes de que las adicciones se conviertan en una condena permanente.
