Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 13 mayo de 2026. El Poder Judicial de Michoacán refrendó su compromiso con la justicia con perspectiva de género durante el arranque del Plan Michoacán “Mujeres Libres”, estrategia impulsada por el gobierno estatal y federal para fortalecer la atención y protección de mujeres víctimas de violencia.
El acto fue encabezado en Zitácuaro por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y contó con la participación de magistradas, magistrados, juezas y jueces del estado.
En representación del Poder Judicial acudió la magistrada Araceli Palomares Miranda, quien señaló que la perspectiva de género no solo representa una obligación constitucional, sino una herramienta para identificar desigualdades estructurales y garantizar acceso efectivo a la justicia para las mujeres.
“El Poder Judicial de Michoacán está comprometido con la justicia con perspectiva de género”, afirmó la magistrada.
Durante el evento, Palomares Miranda explicó que juzgar con perspectiva de género implica activar protocolos de atención integral con acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y trabajo social, priorizando la protección y dignidad de las víctimas.
También destacó la coordinación entre el Poder Judicial, la Fiscalía, ayuntamientos e instancias de atención a mujeres para atender casos de violencia con enfoque especializado.
El Plan “Mujeres Libres” busca fortalecer la presencia institucional en municipios y generar mecanismos de apoyo ante situaciones de violencia familiar, discriminación y vulneración de derechos.
El gobernador Ramírez Bedolla sostuvo que la coordinación entre instituciones es clave para garantizar acceso a la justicia y combatir la violencia de género en Michoacán.
Aunque el discurso institucional insiste en la perspectiva de género y la coordinación interinstitucional, organizaciones y víctimas continúan señalando rezagos en acceso a justicia, atención revictimizante e impunidad en casos de violencia contra mujeres.
La pregunta persiste: ¿las estrategias y protocolos institucionales lograrán traducirse en protección real para las mujeres o seguirán limitados al discurso oficial?
