Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 16 de abril de 2026. El Congreso local aprobó ajustes al marco penal para responder a formas de violencia que operan en lo cotidiano: el acecho (stalking) y la cobranza intimidatoria.
La iniciativa, promovida por el diputado Toño Mendoza, incorpora como delito el acecho, definido como conductas reiteradas de vigilancia, persecución o contacto no deseado que generan miedo y afectan la estabilidad emocional de la víctima.
La reforma también tipifica la cobranza extrajudicial ilegal, práctica asociada a despachos o particulares que recurren a llamadas constantes, amenazas o visitas para presionar pagos, extendiendo el impacto a familias y entornos laborales.
El dictamen —trabajado en comisiones de Justicia e Igualdad— incluye agravantes cuando las víctimas se encuentren en condición de vulnerabilidad o cuando las conductas se cometan mediante herramientas digitales.
El argumento central: actualizar la ley frente a dinámicas de violencia que no siempre encajan en delitos tradicionales, pero que deterioran la vida cotidiana.
La apuesta es dotar a autoridades de herramientas más claras para prevenir, investigar y sancionar. El desafío, como en otras reformas penales, será su aplicación efectiva y la capacidad institucional para atender denuncias.
¿Tipificar estos delitos bastará para frenar prácticas extendidas o se quedará en una respuesta legal sin impacto real?
