Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 13 mayo de 2026. La diputada local del PVEM, Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar de Michoacán y aplicar la llamada “Ley Monzón”, con el objetivo de suspender la patria potestad a padres vinculados a proceso por feminicidio contra la madre de sus hijas e hijos.
La propuesta plantea que la suspensión ocurra de manera inmediata como medida de protección para niñas, niños y adolescentes, y que la patria potestad se pierda definitivamente en caso de sentencia condenatoria.
Durante su intervención en el Congreso del Estado, la legisladora sostuvo que el feminicidio no solo arrebata la vida de una mujer, sino que deja secuelas permanentes en las hijas e hijos que sobreviven.
“No hay violencia más cruel que aquella que arrebata una madre a una niña o a un niño”, afirmó.
Arreola Ruiz señaló que muchas víctimas indirectas de feminicidio terminan obligadas a convivir con el agresor, quien en numerosos casos es el propio padre. Recordó que, en México, cuatro de cada diez feminicidios son cometidos por la pareja o expareja de la víctima.
La iniciativa toma como referencia el caso de Cecilia Monzón, abogada y activista asesinada en Puebla en 2022. Tras su feminicidio, el presunto responsable —su expareja y padre de su hijo— intentó mantener derechos legales sobre el menor durante el proceso penal.
“La patria potestad no puede entenderse como un privilegio absoluto de los padres. Debe entenderse como una responsabilidad para proteger y procurar el bienestar de las hijas y los hijos”, sostuvo la legisladora.
La diputada reconoció además antecedentes legislativos en Michoacán sobre este tema, entre ellos propuestas impulsadas por Ernesto Núñez Aguilar y otros integrantes del Congreso local, aunque dichas iniciativas no prosperaron en legislaturas anteriores.
También destacó que entidades como Ciudad de México, Sinaloa y Colima ya han legislado en esta materia desde 2023.
En el marco del Día de las Madres, Sandra Arreola llamó a legislar con enfoque de protección para las infancias que quedan en situación de vulnerabilidad tras un feminicidio.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿puede el Estado seguir permitiendo que un presunto feminicida conserve derechos sobre las hijas e hijos de la mujer a la que asesinó?
