menores desaparecidos en Michoacán
El diputado de Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, advirtió que en Michoacán hay 645 niñas, niños y jóvenes desaparecidos y acusó omisión institucional frente a la crisis de violencia y reclutamiento de menores.

Omaida Melissa García | ClsComunica

El diputado de Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, afirmó que en Michoacán existen 645 niñas, niños y jóvenes desaparecidos, situación que calificó como una de las crisis más graves y dolorosas que enfrenta el país.

El legislador citó cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para señalar que, hasta junio de 2025, México acumulaba más de 128 mil personas desaparecidas y más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado.

“Cada uno de estos casos representa una derrota colectiva”, sostuvo el legislador al advertir que detrás de las cifras hay familias afectadas, proyectos de vida truncados y comunidades golpeadas por la violencia.

Carreño Sosa señaló que el informe de la CIDH advierte sobre el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado, particularmente adolescentes de entre 13 y 14 años utilizados como mensajeros, vigilantes o combatientes en actividades ligadas al narcotráfico.

El diputado atribuyó esta problemática a la debilidad institucional, la impunidad y la falta de una estrategia integral de protección para niñas, niños y adolescentes.

A nombre de la Bancada Naranja, acusó que el Estado mexicano ha fallado en garantizar condiciones mínimas de seguridad para las infancias y criticó que las autoridades reaccionen únicamente cuando los casos adquieren relevancia mediática.

También exigió fortalecer de manera inmediata los mecanismos de búsqueda de menores, implementar protocolos con enfoque comunitario e intercultural y mejorar la coordinación entre fiscalías, corporaciones de seguridad y sistemas de protección infantil.

El posicionamiento del legislador ocurre en medio de una creciente discusión nacional sobre desapariciones, reclutamiento forzado y violencia contra menores en distintas regiones del país.

La pregunta es si las autoridades realmente tienen capacidad y voluntad política para frenar el reclutamiento y desaparición de menores, o si el problema seguirá normalizándose entre discursos y cifras oficiales.

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