Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 07 de mayo de 2026.- El diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y ampliar el reconocimiento legal de los crímenes motivados por odio, prejuicio, discriminación o violencia estructural.
La propuesta plantea redefinir el delito de homicidio por prejuicio e incorporar elementos relacionados con orientación sexual, identidad de género, origen étnico, discapacidad, condición social y otras características de las víctimas.
Además, contempla penas de entre 20 y 60 años de prisión para quienes cometan este tipo de delitos.
Durante su intervención en el Congreso, el legislador sostuvo que la legislación actual resulta insuficiente para atender las violencias ejercidas contra personas de la diversidad sexual, pueblos indígenas, personas afrodescendientes y otros sectores históricamente vulnerados.
“La falta de precisión técnica termina invisibilizando estas violencias y diluyéndolas en la categoría de homicidios comunes”, afirmó.
La iniciativa también incorpora el concepto de violencia estructural y propone que las autoridades consideren el contexto de discriminación como parte central en la investigación y sanción de estos crímenes.
Rangel señaló que no todas las violencias tienen el mismo origen ni el mismo impacto social, por lo que el derecho penal debe reconocer esas diferencias.
La reforma plantea además nuevas obligaciones para la Fiscalía, el Poder Judicial y las instituciones de seguridad pública, que tendrían que adecuar protocolos y capacitar a su personal en derechos humanos, diversidad sexual e identidad de género.
El proyecto establece una tutela reforzada para víctimas pertenecientes a la población LGBTTTIQ+, particularmente mujeres trans.
“Nombrar el prejuicio como elemento central del delito es reconocer que el derecho penal debe estar al servicio de la dignidad humana”, expresó el diputado.
La propuesta surge en un contexto donde colectivos y organismos defensores de derechos humanos han señalado deficiencias en la investigación de crímenes de odio y altos niveles de impunidad.
El debate ahora será si las reformas legales bastan para frenar la violencia discriminatoria o si el reto sigue estando en la actuación real de fiscalías y autoridades judiciales.
¿Las leyes podrán traducirse en justicia efectiva para las víctimas o los crímenes de odio seguirán invisibilizados en las estadísticas oficiales?
