Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 11 de septiembre de 2026.- El Congreso de Michoacán cerró el segundo año de la 76 Legislatura con una agenda centrada en finanzas públicas, transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de los gobiernos municipales.
Entre las reformas aprobadas destacó la modificación constitucional que establece que ningún funcionario público podrá recibir una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo Federal.
También se fijó un límite al presupuesto del Congreso del Estado, que no deberá superar 0.70 por ciento del presupuesto total de egresos estatal.
En materia de deuda pública, la Legislatura estableció en la Constitución que el Poder Ejecutivo no podrá contratar financiamiento que exceda el periodo de la administración en turno. Estas operaciones deberán sujetarse a principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia.
Los diputados también reformaron la legislación estatal en materia de planeación hacendaria, presupuesto, gasto público y contabilidad gubernamental, con el objetivo de que la información sobre el manejo de recursos públicos sea presentada de manera clara y accesible para la ciudadanía.
Además, expidieron una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante la cual se creó el Subsistema de Transparencia de Michoacán.
En materia anticorrupción, el Congreso incorporó a la Constitución estatal el derecho de toda persona a vivir en una sociedad libre de corrupción y con buena administración, así como los derechos a la fiscalización y rendición de cuentas públicas.
De acuerdo con el balance legislativo, estas disposiciones buscan fortalecer la prevención y combate de prácticas como enriquecimiento ilícito, fraude, uso de información privilegiada, malversación de fondos, sobornos y tráfico de autoridad.
Otro eje del segundo año legislativo fue la administración municipal. Para ello, se reformó la Ley Orgánica Municipal con disposiciones orientadas a dar mayor certeza jurídica a los ayuntamientos y fortalecer la participación política de las mujeres.
Entre las medidas se estableció que la Comisión de la Mujer en los ayuntamientos sea presidida por una mujer, mientras que las elecciones de jefas y jefes de tenencia y de encargadas y encargados del orden deberán regirse bajo el principio de paridad de género.
El balance legislativo plantea avances en materia de control del gasto, deuda, transparencia y administración pública. Sin embargo, el reto estará en determinar si estas reformas se traducen en un manejo más responsable y transparente de los recursos públicos: ¿qué mecanismos garantizarán que los nuevos límites y obligaciones se cumplan en la práctica?
