Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 26 de mayo de 2026.- El Consejo Supremo Indígena de Michoacán acusó al Estado mexicano de incumplir acuerdos de seguridad y abandonar a las comunidades indígenas frente al avance del crimen organizado en Michoacán.
En un pronunciamiento público difundido este 26 de mayo, el CSIM señaló que comuneros de Santa María Sevina y representantes de 32 comunidades indígenas fueron reprimidos por cuerpos antimotines el pasado 25 de mayo mientras protestaban en Casa Michoacán para exigir seguridad, justicia y paz.
La organización recordó que el 11 de mayo integrantes del consejo también fueron desalojados en la caseta de Zirahuén cuando respaldaban movilizaciones de la comunidad de Acachuén.
El consejo indígena aseguró que en los últimos dos años al menos 28 comunidades originarias han sufrido ataques armados relacionados con el crimen organizado. Además, denunció que en cuatro años han sido asesinados 20 integrantes de rondas comunales y cuerpos de seguridad tradicional.
El caso más reciente ocurrió en Santa María Sevina, donde dos integrantes de la ronda comunal fueron asesinados y otro más resultó gravemente herido. El CSIM recordó que esa comunidad ya había sufrido una incursión armada en marzo de 2025.
En el comunicado, las comunidades acusaron que los ataques forman parte de una estrategia de control territorial y saqueo de recursos naturales, además de una ofensiva contra las formas de autogobierno indígena.
También criticaron a funcionarios federales, estatales y municipales por priorizar intereses electorales mientras la violencia se extiende en regiones indígenas.
Entre las exigencias planteadas destacan:
- Incrementar el fondo de seguridad para comunidades.
- Revertir el recorte del 20% al programa FORTAPAZ.
- Garantizar seguros de vida para integrantes de rondas comunales.
- Entregar ambulancias a comunidades indígenas.
- Implementar una estrategia de seguridad para 450 comunidades sin autogobierno.
El posicionamiento cierra con un cuestionamiento directo al gobierno estatal y federal: “¿De qué sirven cinco Planes de Justicia en Michoacán si la inseguridad rapaz continúa en todo el estado?”
La protesta indígena vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién protege a las comunidades cuando el Estado llega tarde… o llega con antimotines?
