Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 29 de abril de 2026. La diputada Jackie Avilés presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del estado y establecer que la violencia familiar sea perseguida de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima interponga una denuncia.
El planteamiento busca que las autoridades actúen de manera inmediata ante indicios de violencia en el hogar, un contexto donde muchas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica o presión familiar.
La legisladora argumentó que el modelo actual limita la intervención institucional y deja en desprotección a mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, quienes suelen ser los principales afectados.
La propuesta pretende fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia doméstica, al eliminar la barrera inicial de la denuncia formal y permitir la actuación directa de las autoridades.
El anuncio se da en el marco del Día de la Niña y el Niño, en un contexto donde los casos de violencia intrafamiliar continúan siendo un problema estructural.
La reforma plantea un cambio en el enfoque legal: pasar de la reacción a la prevención. Sin embargo, abre un debate sobre la capacidad institucional para intervenir eficazmente sin vulnerar otros derechos. ¿Está el Estado preparado para actuar de oficio sin reproducir omisiones o abusos en el proceso?
