«No venimos a pedir migajas, venimos a exigir lo que por derecho nos corresponde. El silencio y la simulación también son violencia». — Magistrade Ociel Baena Saucedo
En la Opinión de Pride Michoacán
Cada año, la llegada de junio desata una metamorfosis visual en las plataformas digitales, fachadas institucionales y discursos públicos de la clase política mexicana. Los logotipos partidistas se tiñen de manera efímera con los colores del arcoíris, y las agendas de comunicación se saturan de pronunciamientos en favor de la diversidad. Sin embargo, esta aparente apertura democrática contrasta drásticamente con la realidad material de la población de la diversidad sexual y de género en México, especialmente, en Michoacán. En la antesala del proceso electoral estatal y local, programado para 2027, el uso de las identidades sexogenéricas como mera estrategia de mercadotecnia electoral, conocido teóricamente como pinkwashing o lavado rosa, adquiere un carácter instrumental urgente de analizar.
El debate contemporáneo sobre la inclusión de las minorías en los espacios de toma de decisiones ha transitado de la demanda de reconocimiento cultural a la exigencia de representación política formal. Para responder a este reclamo, las autoridades electorales mexicanas, tales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), implementaron las denominadas acciones afirmativas o cuotas de la diversidad. No obstante, lo que teóricamente se diseñó como un mecanismo de justicia distributiva para resarcir la exclusión histórica, ha sido asimilado por el sistema de partidos como un catálogo de simulación jurídica y fraude electoral.
El Pinkwashing Político como Estrategia de Mercadotecnia Estacional
El concepto de pinkwashing se originó en el ámbito corporativo para describir cómo marcas comerciales utilizaban el activismo contra el cáncer de mama o la simbología del orgullo LGBTTTIQ+ de forma puramente cosmética, sin alterar sus prácticas internas discriminatorias. En el plano de la ciencia política, la sociología y la materia electoral, este término ha sido extrapolado para definir la asimilación discursiva de las demandas de la diversidad por parte de partidos y gobiernos, con el objetivo de proyectar una imagen moderna, progresista y tolerante, desprovista de compromisos programáticos vinculantes
Durante el mes de junio, la clase política mexicana despliega campañas multimedia que reducen la complejidad estructural de la discriminación y la violencia sistémica a narrativas individualistas y despolitizadas. Como apuntan múltiples análisis críticos sobre consumo e identidades, estas campañas omiten deliberadamente el trasfondo histórico de protesta, opresión y muerte violenta que cimienta el movimiento de liberación. El discurso político institucionalizado tiende a mercantilizar el afecto bajo lemas reduccionistas como «el amor es el amor», diluyendo la demanda colectiva de acceso a la salud, identidad jurídica, seguridad social y justicia para las víctimas de crímenes de odio.
Este fenómeno opera como un paliativo simbólico que enmascara la inacción legislativa. En la práctica, las mismas bancadas partidistas que iluminan sus recintos con los colores del orgullo bloquean sistemáticamente en comisiones las reformas en favor de las infancias trans, la tipificación de un catálogo de delitos en materia de crímenes de odio, el reconocimiento pleno de las identidades no binarias, las licencias de comaternidad, o la asignación de presupuestos específicos para la salud integral de las personas trans y con VIH. El pinkwashing político es, por tanto, una tecnología de neutralización política que busca capitalizar el voto de una población históricamente marginada sin ceder poder político real.
La Evolución de las Acciones Afirmativas y las Cuotas de Diversidad en México
Para contrarrestar la exclusión histórica, el sistema electoral mexicano incorporó de manera formal acciones afirmativas para diversos grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, migrantes y de la diversidad sexual (AHF México, 2024). Las cuotas para la población LGBTTTIQ+ tuvieron sus primeros precedentes significativos en el proceso electoral federal de 2021, consolidándose progresivamente en las legislaciones locales y lineamientos del INE para los comicios posteriores.
El diseño normativo de estas cuotas descansa sobre el principio de la autoadscripción simple, que postula que la sola declaración de la persona interesada basta para acreditar su pertenencia al grupo vulnerable, evitando que la autoridad electoral exija pruebas intrusivas que vulneren el derecho a la intimidad, la vida privada y la libre determinación. No obstante, este criterio garantista, construido para proteger la privacidad de los individuos, se convirtió en la principal ventana de oportunidad para el fraude y la usurpación por parte de las cúpulas partidistas.
De la Inclusión a la Usurpación: El Fraude de la Autoadscripción Simple
La laxitud jurídica del modelo de autoadscripción simple provocó un fenómeno de simulación electoral masiva. Diversos colectivos y organizaciones de la sociedad civil han documentado cómo candidatos cisgénero y heterosexuales se autoadscribieron falsamente como personas homosexuales, lesbianas, trans o no binarias con el único fin de cumplir con los requisitos de registro de candidaturas impuestos por los Organismos Públicos Locales Electorales, tan solo en Michoacán se tiene documentado la suplantación de identidades, a través de ocho candidatos que se habrían hecho pasar por mujeres transgénero con tal de ocupar cargos que, por paridad de género, le correspondían a mujeres.
Este fraude a la ley no es un hecho aislado, sino una práctica institucionalizada y transversal a todas las fuerzas políticas. Durante los procesos electorales se siguen observando múltiples impugnaciones de candidaturas donde hombres cisgénero, de trayectoria pública y orientación heterosexual abiertamente conocida en sus comunidades, registrados bajo identidades de género femeninas o no binarias buscan evadir simultáneamente estas reglas de paridad de género y las cuotas de diversidad.
Uno de los hitos jurisprudenciales que visibilizó esta problemática fue la resolución de la Sala Superior del TEPJF bajo la sentencia SUP-REC-1153/2024, la cual declaró la inelegibilidad de una postulación debido a un fraude manifiesto a la acción afirmativa y la paridad de género. Pese a este antecedente, el criterio predominante en las salas regionales y tribunales locales suele privilegiar la autoadscripción simple, bajo el argumento de que exigir requisitos probatorios adicionales resulta desproporcionado y violatorio al derecho a la identidad,
Esta tensión jurídica deja en total desamparo a la población LGBTTTIQ+. Los partidos políticos manipulan el discurso de los derechos humanos para proteger a usurpadores de candidaturas, convirtiendo las acciones afirmativas en una farsa que despoja a las disidencias de sus limitados espacios de representación descriptiva.
El Escenario Rumbo al 2027: Desafíos para una Representación Sustantiva
De cara al proceso electoral de 2027, la urgencia de redefinir las reglas del juego democrático se vuelve imperativa. Si la tendencia actual de simulación persiste, la cuota de diversidad continuará funcionando como un mecanismo de legitimación para perfiles que no solo carecen de una agenda legislativa en favor de la diversidad, sino que, en ocasiones, pertenecen a agrupaciones con posturas abiertamente antiderechos.
Para solucionar esta problemática, la doctrina jurídica electoral y el activismo comunitario proponen transitar a través de múltiples esfuerzos hacia el modelo de la autoadscripción calificada (Baena Saucedo, 2022, citado en Electorema, 2025). Este modelo no implica obligar a las personas a salir del clóset de forma forzada o invasiva, sino establecer criterios objetivos y razonables de vinculación comunitaria.
Para que una postulación bajo acción afirmativa sea válida, el aspirante debería acreditar al menos uno de los siguientes elementos de forma transparente; trabajo comprobable en organizaciones de la sociedad civil enfocadas en la defensa de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTIQ+, participación o desarrollo de proyectos, investigaciones, foros o servicios dirigidos a la atención de vulnerabilidades de este sector poblacional, cartas de respaldo expedidas por colectivas locales o redes de activismo con trayectoria reconocida en la entidad correspondiente.
La implementación de la autoadscripción calificada enfrenta una férrea resistencia por parte de las estructuras partidistas, que prefieren mantener el esquema discrecional de la autoadscripción simple para utilizar las candidaturas como moneda de cambio o cuotas de poder interno. La usurpación, por ende, es una consecuencia directa de la falta de voluntad política para democratizar los procesos de selección interna y abrir las puertas de forma real a liderazgos orgánicos de la diversidad.
Conclusiones
La proximidad de junio y la subsecuente efervescencia electoral hacia el 2027 obligan a realizar un balance crítico de los mecanismos de participación política de la población LGBTTTIQ+ en México. El pinkwashing político y la usurpación de las acciones afirmativas no representan anomalías aisladas del sistema, sino estrategias lógicas y recurrentes de un régimen de partidos que se resiste a ceder sus privilegios y a democratizar de manera sustantiva sus espacios de representación.
Las cuotas de la diversidad sexual y de género, no deben ser interpretadas como concesiones o dádivas temporales de la clase gobernante, sino como derechos políticos conquistados mediante décadas de movilización, litigio estratégico y digna rabia frente a un Estado omiso. Mientras la legislación electoral no transite hacia mecanismos rigurosos de verificación y fiscalización de las candidaturas que salvaguarden el principio de la autoadscripción calificada, las acciones afirmativas continuarán siendo usurpadas por la simulación del poder.
La democracia mexicana mantiene una deuda histórica con la diversidad sexual. El reto de cara al 2027 es impedir que nuestras identidades sigan siendo utilizadas como accesorios publicitarios de un mes del orgullo estéril o como herramientas de fraude electoral, exigiendo el reconocimiento pleno de nuestra capacidad para autorepresentarnos, legislar y gobernar desde nuestras propias realidades y agendas de emancipación.
Michelle Nijanski.
Comisionada en Pride Michoacán, es abogada egresada con honores, maestrante en Derecho Constitucional, especialista en Amparo y Derechos Humanos. Destaca por su ferviente activismo en defensa de los derechos LGBTTTIQ+, integrando el litigio estratégico y la investigación, con una labor docente humanista. Es una voz crítica comprometida con la justicia social y la dignidad humana.
