Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 3 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de frenar cobros extrajudiciales y desalojos arbitrarios, el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Inquilinaria de la entidad.
La propuesta busca dotar a los Juzgados Cívicos Municipales de facultades para imponer sanciones económicas directas a los arrendadores que incurran en prácticas de coacción, como el corte intencional de servicios básicos (agua potable y energía eléctrica), la retención de pertenencias, el cambio no autorizado de cerraduras o el ingreso sin consentimiento a los inmuebles.
Galindo Pedraza argumentó que la creciente demanda de vivienda en la entidad ha derivado en abusos recurrentes por parte de propietarios que, ante retrasos en los pagos o el vencimiento de contratos, recurren a la «justicia por propia mano» respaldados en la falsa premisa de que el título de propiedad les otorga facultades ilimitadas sobre la finca.
El legislador enfatizó que el marco legal vigente genera un vacío punitivo que obliga a las víctimas de hostigamiento a enfrentar litigios civiles o penales prolongados, dejándolas en estado de indefensión. De aprobarse la reforma, se protegerá la posesión pacífica del inmueble y la inviolabilidad del domicilio frente a cláusulas contractuales abusivas.
¿Resultará suficiente la vía de la justicia cívica municipal para equilibrar la relación entre arrendadores y arrendatarios en un mercado inmobiliario sin regulación de precios?
