abril 22, 2026
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Diputados plantean ajustes al sistema electoral tras más de una década sin cambios de fondo; prometen certeza, pero el reto será evitar reformas a modo.

Omaida Melissa García | ClsComunica

Morelia, Michoacán, 22 de abril de 2026. La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado, junto con integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, presentó un paquete de nueve iniciativas de reforma para modificar el sistema electoral en el estado, con el argumento de fortalecer la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana.

El bloque legislativo —firmado también por Antonio Carreño Sosa, Juan Carlos Barragán Vélez y Octavio Ocampo Córdoba— busca actualizar un marco normativo que no ha tenido cambios sustanciales desde 2014.

Las propuestas apuntan a mejorar el funcionamiento de las autoridades electorales, armonizar la legislación con las condiciones actuales y establecer reglas más claras de cara al próximo proceso electoral concurrente.

De acuerdo con Espinoza Mercado, las reformas no responden a intereses partidistas, sino a una “visión institucional” para preservar la estabilidad democrática. Sin embargo, en un contexto donde las reformas electorales suelen generar suspicacias, el discurso de neutralidad enfrenta su principal prueba en la implementación.

Entre los ejes planteados destacan el fortalecimiento de los principios de certeza y objetividad, así como la incorporación de medidas para atender la violencia política en razón de género, un problema persistente en los procesos electorales.

Las iniciativas fueron construidas en mesas de trabajo con el Instituto Electoral de Michoacán y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en un intento por dotarlas de sustento técnico y jurídico.

La diputada sostuvo que el objetivo es generar reglas aplicables y no disposiciones que queden en el papel, además de alinear la legislación electoral con estándares de derechos humanos.

El paquete llega en un momento clave: previo a un nuevo ciclo electoral donde la confianza en las instituciones sigue erosionada. La promesa es clara: mejores reglas. La duda persiste: ¿servirán para garantizar equidad o terminarán siendo terreno de disputa política?

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