Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán, 10 de junio de 2026. La diputada del PVEM, Sandra Arreola Ruiz, presentará ante el Congreso de Michoacán una iniciativa para endurecer las sanciones contra la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo y la devastación de bosques y selvas en la entidad.
La propuesta plantea adicionar el artículo 302 Bis al Código Penal del Estado y contempla penas de hasta 20 años de prisión, además de multas económicas y agravantes específicas para quienes participen en actividades relacionadas con la explotación ilegal de recursos forestales.
De acuerdo con la iniciativa, quienes realicen, faciliten o participen en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos forestales obtenidos ilegalmente podrían enfrentar penas de cinco a quince años de prisión.
Para autores intelectuales, instigadores, personas que obtengan beneficios económicos o utilicen a menores de edad para cometer estos delitos, las sanciones irían de siete a quince años de cárcel.
La propuesta también establece penas de diez a veinte años de prisión y multas de hasta mil 500 días cuando se utilicen motosierras, sierras u otras herramientas especializadas, vehículos para el transporte de madera ilegal o cuando intervengan servidores públicos.
Arreola Ruiz señaló que Michoacán enfrenta una problemática persistente de tala ilegal y deforestación, situación que ha derivado en denuncias constantes ante autoridades estatales y federales.
La legisladora sostuvo que las sanciones actuales no han sido suficientes para inhibir estos delitos ni para desarticular las redes que operan la explotación ilegal de recursos forestales.
Además, la iniciativa contempla el aseguramiento inmediato de herramientas, vehículos y demás instrumentos utilizados en la comisión de los delitos, con el objetivo de evitar la reincidencia.
La diputada argumentó que la pérdida de cobertura forestal afecta la captación de agua, incrementa la erosión de suelos, reduce la biodiversidad y agrava fenómenos como incendios e inundaciones, además de impactar directamente a comunidades rurales e indígenas que dependen de los bosques para su desarrollo económico y social.
La propuesta busca homologar la legislación michoacana con el modelo sancionatorio vigente en el Estado de México, considerado uno de los más estrictos del país en materia de delitos forestales.
