Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 30 de abril de 2026. La diputada del PVEM, Sandra Arreola Ruiz, presentó una iniciativa para que niñas, niños, adolescentes y jóvenes en orfandad por violencia sean reconocidos como sujetos de atención prioritaria en Michoacán.
La propuesta plantea modificar la Ley de Asistencia Social del estado para incluir a este sector dentro de los grupos que deben recibir apoyo preferente del gobierno.
El planteamiento parte de una omisión: la política pública se ha centrado en cifras de homicidios y procesos penales, pero ha dejado de lado a quienes quedan tras los crímenes, especialmente en casos de feminicidio.
De acuerdo con la legisladora, en muchos de estos casos las víctimas eran jefas de familia. Cuando el agresor es el padre, los menores pierden a ambos: a la madre por la violencia y al padre por el proceso penal. El resultado, advierte, es un traslado forzado a hogares extendidos con recursos limitados.
La iniciativa propone que los apoyos —como becas y asistencia social— no se detengan a los 18 años, sino que se extiendan hasta los 25, condicionados a que los beneficiarios continúen sus estudios y no estén casados.
El argumento es directo: sin respaldo institucional, estos jóvenes enfrentan mayor riesgo de abandonar la escuela, integrarse a economías informales o ser captados por redes delictivas.
La propuesta busca que la atención a víctimas indirectas no termine en la sanción penal del agresor, sino en garantizar condiciones para reconstruir proyectos de vida.
En un estado con altos niveles de violencia, el reto no es solo castigar el delito, sino evitar que sus consecuencias se hereden. ¿Puede una beca romper por sí sola el ciclo estructural que deja la violencia?
