Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 13 de noviembre de 2026.- La desaparición de personas tiene consecuencias que trascienden a las familias y afectan a comunidades enteras, particularmente en los pueblos indígenas, donde sus habitantes también participan en las labores de búsqueda y enfrentan impactos sociales y culturales.
Este fue uno de los planteamientos centrales durante la presentación del libro Resquebrajamiento Social. La desaparición forzada, reflexiones actuales y su impacto en la interculturalidad indígena, realizada en el Congreso de Michoacán, en el marco de un foro académico encabezado por la diputada Belinda Iturbide.
La legisladora señaló que la desaparición de personas requiere una respuesta institucional que incluya prevención, búsqueda, investigación, identificación forense, atención a familiares y participación comunitaria, además de acciones para preservar la memoria.
La obra está integrada por 12 capítulos que abordan distintas dimensiones del problema, entre ellas la desaparición desde el ámbito municipal, el papel de las comunidades indígenas con autogobierno y las consecuencias para niñas y niños que quedan en situación de orfandad cuando sus padres o familiares desaparecen.
Iturbide destacó que la situación de la niñez fue uno de los temas recurrentes durante los foros realizados en Michoacán para construir la legislación estatal en materia de desaparición de personas.
Por su parte, Jennifer Murillos Martínez, rectora de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, señaló que en las comunidades originarias la desaparición afecta a todo el entorno comunitario, cuyos integrantes suelen involucrarse directamente en la búsqueda.
La académica consideró necesario mejorar la comunicación y coordinación entre las instituciones y las familias para agilizar las acciones de localización.
Humberto Urquiza Martínez, coautor del libro, explicó que la publicación reúne perspectivas de académicos, funcionarios y colectivos de búsqueda. También llamó a fortalecer la empatía y la participación social ante esta problemática.
En tanto, José Alfredo Tapia Navarrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, planteó que las estrategias de localización deben considerar las diferencias entre los contextos urbanos y las comunidades indígenas.
El foro puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la coordinación institucional y adaptar los mecanismos de búsqueda y atención a las condiciones de cada comunidad.
¿Cómo garantizar que las familias y comunidades indígenas que buscan a sus desaparecidos reciban respuestas oportunas, recursos suficientes y acompañamiento institucional efectivo?
