Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 16 de abril de 2026. En el Congreso local se puso sobre la mesa una reforma que busca cerrar una práctica frecuente pero poco discutida: el despido de trabajadores que adquieren una discapacidad mientras laboran en el servicio público.
El diputado Vicente Gómez Núñez propuso modificar la Constitución estatal y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado para prohibir estas separaciones y obligar a las dependencias a realizar ajustes razonables que permitan la continuidad laboral.
La iniciativa, presentada en sesión extraordinaria, plantea adicionar dos párrafos a la Constitución Política del Estado de Michoacán y reformar el artículo 3 de la legislación laboral estatal.
El objetivo es directo: impedir que la discapacidad se convierta en causal de exclusión laboral dentro del propio gobierno.
Desde tribuna, el legislador argumentó que la medida busca frenar prácticas discriminatorias y violaciones a derechos humanos, especialmente contra personas en situación de vulnerabilidad.
La propuesta también apunta a un cambio de enfoque: pasar de la exclusión a la adaptación institucional, obligando al Estado a garantizar condiciones para que los trabajadores continúen en funciones.
El reto, sin embargo, no está en la redacción de la ley, sino en su aplicación real dentro de estructuras burocráticas que históricamente han sido poco flexibles.
¿El Estado será capaz de garantizar inclusión laboral o la reforma quedará en letra muerta?
