Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 16 de abril de 2026. El recorte al gasto del Poder Legislativo abrió un nuevo frente: cómo hacer más con menos sin desmontar la operación del Congreso. En ese contexto, el diputado Hugo Rangel planteó un rediseño institucional basado en criterios técnicos y no en decisiones políticas improvisadas.
Desde tribuna, el legislador del PT respaldó la lógica de austeridad del llamado Plan B electoral, pero fijó un límite: los ajustes no deben traducirse en recortes a derechos laborales ni en debilitamiento de las funciones sustantivas del Congreso.
El nuevo tope de gasto —equivalente al 0.7% del presupuesto estatal—, dijo, obliga a replantear la estructura legislativa bajo una lógica de eficiencia. La ruta propuesta: aplicar el modelo de presupuesto base cero, que implica justificar cada área, programa y gasto desde su origen.
“Que nada se dé por sentado”, resumió.
La propuesta incluye revisar estructuras internas, eliminar duplicidades y optimizar recursos. Sin embargo, Rangel insistió en que la reingeniería no puede hacerse a costa del personal.
El punto de tensión es claro: reducir el gasto sin erosionar la capacidad operativa ni las condiciones laborales. Para el legislador, el objetivo central debe mantenerse intacto: legislar con eficacia y sostener la relación con la ciudadanía.
El PT acompañará la política de austeridad, aseguró, pero con una condición: que no se convierta en un mecanismo de precarización.
¿Puede el Congreso recortar gastos sin sacrificar derechos laborales ni su capacidad de legislar?
