Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 24 de junio de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán realizó un Conversatorio Interinstitucional de Buenas Prácticas en Materia Civil y Familiar con personal del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la impartición de justicia.
Durante el encuentro, el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, reconoció la labor de juezas y jueces estatales, a quienes calificó como profesionales preparados y comprometidos con la atención de las personas usuarias del sistema de justicia.
Gama Coria destacó que estos espacios permiten compartir criterios jurídicos, intercambiar experiencias y mejorar los procesos de atención ciudadana desde las distintas responsabilidades de quienes juzgan y defienden casos.
El magistrado señaló también la importancia de mantener la preparación institucional ante la próxima implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), cuya fecha de aplicación continúa en análisis a nivel federal.
Explicó que, independientemente de posibles ajustes al calendario, las instituciones deben avanzar en capacitación y adecuación de procesos para enfrentar la transición hacia el nuevo modelo de justicia.
Durante el conversatorio, la magistrada Monserrat Pérez Marín indicó que la implementación del nuevo Código representa una oportunidad para revisar prácticas, fortalecer capacidades institucionales y mejorar la coordinación entre operadores jurídicos.
Entre los temas abordados estuvieron las experiencias y estrategias aplicadas en materia civil y familiar por juzgadores y personal de la Defensoría Pública, con el propósito de generar herramientas para mejorar la atención a la ciudadanía.
El Poder Judicial informó que entre las acciones de modernización se encuentra la creación de un Juzgado Digital, modelo que podría replicarse en otros distritos judiciales.
En el encuentro participaron juezas, jueces, defensoras y defensores públicos, así como representantes de áreas de formación y capacitación judicial.
¿La preparación institucional será suficiente para garantizar que el nuevo modelo de justicia civil y familiar responda a las necesidades reales de quienes buscan resolver conflictos legales?
