Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 16 de abril de 2026. La 76 Legislatura aprobó una nueva Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con la que busca actualizar el marco estatal frente a los retos tecnológicos y homologarlo con la normativa nacional.
El dictamen, trabajado en comisiones de Gobernación y Derechos Humanos, plantea fortalecer la gobernanza pública y dar certeza jurídica tanto a autoridades como a ciudadanos.
Uno de los cambios centrales es la redistribución de responsabilidades: la protección de datos quedará a cargo de órganos internos de control y contralorías en dependencias de los tres poderes y organismos autónomos.
La ley establece facultades de supervisión, verificación y sanción, además de mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia.
Sin embargo, introduce un punto sensible: los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) podrán no aplicarse en ciertos supuestos, como cuando exista una resolución legal, se afecten derechos de terceros o se interfiera con procesos judiciales o administrativos.
También se tipifican sanciones por el uso indebido de datos personales, incluyendo su divulgación, alteración o destrucción, con una restricción explícita: las multas no podrán pagarse con recursos públicos.
Con esta reforma, queda abrogada la ley vigente desde 2017.
El nuevo marco legal amplía herramientas institucionales, pero también abre un debate sobre los límites del control estatal sobre la información personal.
¿La nueva ley protegerá realmente a los ciudadanos o facilitará un mayor manejo discrecional de sus datos por parte del Estado?
