Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 17 de junio de 2026. El diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes, presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de reconocer expresamente a los defensores de los recursos naturales como sujetos de protección dentro de esta normativa.
La propuesta busca incorporar a ambientalistas y activistas que trabajan en la defensa de bosques, ríos, agua y otros recursos naturales, al considerar que su labor está estrechamente vinculada con la protección de derechos fundamentales como la vida, la salud y el acceso a un medio ambiente sano.
Durante la presentación de la iniciativa, Valencia señaló que quienes defienden el patrimonio ambiental suelen enfrentar amenazas, persecución, secuestros e incluso homicidios derivados de su actividad.
Como ejemplo, mencionó el caso de Roberto Chávez, ambientalista de Villa Madero que, según expuso, fue víctima de violencia mientras defendía los bosques de la región frente a grupos delictivos.
El legislador también recordó los asesinatos de los activistas ambientales Homero Gómez y Lázaro Mendoza, casos que, afirmó, siguen sin una resolución plena en materia de justicia.
Valencia argumentó que la propuesta encuentra sustento en el reconocimiento realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022, cuando declaró el acceso a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano universal.
Bajo esta lógica, sostuvo que quienes protegen los recursos naturales también están defendiendo derechos relacionados con la vida, la salud, el agua y la alimentación.
La iniciativa plantea reformar el artículo segundo de la ley vigente para ampliar el alcance de las medidas de protección que actualmente existen para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
El legislador hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso para respaldar la propuesta y traducir el reconocimiento legal en mecanismos efectivos de protección para quienes enfrentan riesgos por su labor ambiental.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
En un estado donde la defensa del territorio y los recursos naturales ha costado vidas, la pregunta es si el reconocimiento legal será suficiente para garantizar la seguridad de quienes protegen el medio ambiente.
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