Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 17 de junio de 2026. El Congreso de Michoacán aprobó reformas al Código de Desarrollo Urbano del Estado con el objetivo de simplificar los procedimientos para la autorización de desarrollos habitacionales y reducir cargas administrativas en la gestión de nuevos proyectos inmobiliarios.
Durante sesión extraordinaria, el Pleno avaló modificaciones a diversos artículos del Código de Desarrollo Urbano, derivadas de una propuesta impulsada por los diputados Alfredo Anaya Orozco y Sandra Olimpia Garibay.
La reforma otorga a las dependencias municipales responsables del desarrollo urbano la facultad de aprobar o rechazar los proyectos de vialidad, lotificación, sembrado de vivienda y nomenclatura de desarrollos habitacionales y condominales.
Asimismo, se establece que cuando un predio colinde o se vea afectado por infraestructura o servicios estatales o federales, el Ayuntamiento deberá solicitar un informe de no afectación a las autoridades correspondientes antes de emitir la autorización respectiva.
Los cambios también precisan que para iniciar obras de construcción será obligatorio contar con alineamientos, números oficiales y licencias de construcción expedidas por la dependencia municipal correspondiente, además de cumplir con los requisitos establecidos en los reglamentos vigentes.
Las y los legisladores que respaldaron la reforma señalaron que la actualización normativa busca responder a la demanda de vivienda en el estado y brindar mayor eficiencia a los procedimientos relacionados con el desarrollo urbano.
Entre los argumentos expuestos durante la discusión se destacó que la simplificación de trámites podría facilitar la inversión en proyectos habitacionales, impulsar la actividad económica y ampliar las opciones de vivienda para la población.
La reforma entrará en vigor conforme a los procedimientos legales correspondientes una vez concluido su proceso de publicación oficial.
La simplificación de trámites puede acelerar la construcción de vivienda, pero el reto será garantizar que la rapidez administrativa no comprometa la planeación urbana ni la calidad de los desarrollos.
