Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 9 de octubre de 2026.- El Pleno de la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán aprobó por unanimidad una reforma legal orientada a eliminar trabas burocráticas en el saneamiento de títulos de propiedad. La medida facilita la cancelación administrativa de gravámenes, embargos e hipotecas antiguas que ya caducaron o prescribieron, evitando que los ciudadanos tengan que recurrir a costosos y prolongados juicios civiles.
El dictamen dictaminado por las comisiones de Justicia y Gobernación unificó iniciativas presentadas por los diputados David Martínez Gowman, Juan Antonio Magaña de la Mora y Alfredo Anaya, integrantes de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
¿Qué cambia con esta reforma?
Las modificaciones abarcan el artículo 2051 bis del Código Civil del Estado, así como los artículos 30, 38, 57 y 59 de la Ley de la Función Registral y Catastral de Michoacán:
- Cancelación de oficio por antigüedad: Se establece un mecanismo directo para depurar adeudos o hipotecas vencidas tras haber transcurrido 20 años desde la fecha de vencimiento del crédito garantizado o del plazo legal para su ejecución, mediante el pago de los derechos correspondientes.
- Vía administrativa digital y física: La supresión del registro no requerirá orden judicial en casos prescritos; se procesará en el sistema documental y en la plataforma electrónica del Registro Público.
- Requisitos explícitos: El trámite solo podrá ser promovido por personas con interés legal y legítimo, quienes deberán acreditar con documentación el estado del bien o el estatus del proceso judicial original en caso de medidas restrictivas.
Impacto en el sector inmobiliario y notarías
Hasta ahora, la acumulación de asientos registrales obsoletos obligaba a propietarios, notarios e instituciones financieras a realizar procedimientos judiciales sumarios solo para liberar gravámenes extintos de hace décadas, lo que saturaba a los juzgados y frenaba operaciones de compraventa o créditos hipotecarios.
Con la implementación de la cancelación administrativa, el Legislativo busca reducir sustancialmente los tiempos de respuesta del Registro Público de la Propiedad y dar mayor certeza jurídica al mercado de bienes raíces en la entidad.
¿Logrará esta simplificación administrativa agilizar de forma efectiva el mercado inmobiliario local, o se convertirá en un nuevo embotellamiento para el Registro Público si no se moderniza su capacidad operativa?
