Sara Martínez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 17 de junio de 2026. El diputado local Juan Antonio Magaña de la Mora propuso reformar el Código Penal de Michoacán para establecer una agravante específica en los casos de homicidio cometidos contra integrantes de instituciones policiales cuando el asesinato ocurra durante el ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas.
La iniciativa fue presentada ante el Pleno del Congreso del Estado y busca endurecer las sanciones para este tipo de delitos, al considerar que los ataques contra policías tienen un impacto que va más allá de la afectación individual a la víctima.
Durante la exposición de motivos, el legislador argumentó que la seguridad pública es una función esencial del Estado y que los cuerpos policiales enfrentan niveles crecientes de violencia por parte de grupos delictivos, mediante agresiones directas, represalias, intimidaciones y emboscadas.
Como ejemplo, mencionó el reciente ataque contra elementos de la Guardia Civil en el municipio de Nahuatzen, hecho que reavivó el debate sobre la protección jurídica de quienes desempeñan labores de seguridad.
Magaña de la Mora sostuvo que cuando un policía es asesinado por motivos relacionados con su cargo, no solo se vulnera el derecho a la vida de la víctima, sino que también se busca debilitar la actuación institucional, generar impunidad, afectar la seguridad pública y fortalecer el control territorial de grupos criminales.
El legislador señaló que entidades como Jalisco, Puebla, Estado de México y Tamaulipas ya contemplan agravantes similares en sus legislaciones penales, mientras que Michoacán aún carece de una figura específica para sancionar estos casos.
La propuesta plantea que el Estado otorgue una protección reforzada a quienes ejercen funciones policiales, bajo el argumento de que su labor es fundamental para garantizar el orden público, la seguridad y el ejercicio de las libertades ciudadanas.
La iniciativa será analizada por las comisiones legislativas correspondientes antes de ser discutida y votada por el Congreso.
La discusión queda abierta: ¿endurecer las penas contra quienes asesinan a policías contribuirá realmente a disminuir la violencia contra las corporaciones de seguridad?
