Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 28 de septiembre de 2026.- El patrimonio arqueológico de Michoacán enfrenta una amenaza que va más allá del saqueo de piezas: la destrucción de sitios, el cambio de uso de suelo y la expansión de actividades agrícolas sobre antiguos asentamientos prehispánicos ponen en riesgo parte de la memoria histórica de los pueblos originarios.
Así lo señaló Pavel Ulianov Guzmán, integrante del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), quien sostuvo que defender las zonas arqueológicas implica también defender el territorio y planteó que estos espacios deben contar con una participación directa de los pueblos y comunidades originarias en su protección.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por el CSIM, en Michoacán existen 2 mil 219 zonas arqueológicas registradas en el catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), además de un universo que, según la organización, supera los 6 mil sitios arqueológicos, de los cuales alrededor de 65 por ciento no tendría algún tipo de protección o resguardo institucional.
El INAH reconoce oficialmente, entre otros, sitios como Tzintzuntzan, Tingambato, Ihuatzio, Tres Cerritos, Huandacareo y San Felipe Los Alzati. La institución señala que en Michoacán existen asentamientos arqueológicos de distintas épocas y destaca particularmente el valor de Tzintzuntzan como antigua capital del señorío tarasco.
Del saqueo a los monocultivos
El CSIM documentó como ejemplos de afectaciones distintos sitios del estado donde, según su denuncia, se han registrado saqueos, destrucción de estructuras, cambio de uso de suelo o incorporación de terrenos arqueológicos a actividades agrícolas.
Entre los casos señalados se encuentran:
- Zacapu, El Palacio: destrucción de cuatro hectáreas del sitio arqueológico.
- Cuanajo, Tsïmbanio: afectación del sitio y establecimiento de cultivos de aguacate.
- Ocumicho: destrucción de sitios arqueológicos asociada, según el CSIM, con monocultivos.
- Tingambato, Tinganio: presunta ocupación de terrenos arqueológicos y expansión de cultivos de aguacate.
- Tzintzuntzan: presencia de fraccionamientos en áreas de la antigua ciudad prehispánica.
- Venustiano Carranza, Cerro de la Isla: saqueo de materiales y piezas arqueológicas.
- Hidalgo, Cerro de la Herradura: saqueo de materiales arqueológicos.
- Tacámbaro, Mal País: utilización de estructuras para actividades agrícolas.
- Ario de Rosales, Tipitarillo: destrucción de estructuras para establecer cultivos de aguacate.
- Puruarán: construcción de una escuela sobre un sitio arqueológico.
- Huetamo, Loma de Pitícuro: utilización de estructuras como banco de material.
- Contepec, El Pedregal: destrucción mediante maquinaria pesada y presunto robo de piezas.
- Cuitzeo: saqueo de entierros.
- Ario de Rosales, Agua Zarca: destrucción de una yácata para establecer cultivos de aguacate.
En el caso de Tingambato, el propio INAH identifica al sitio como un asentamiento anterior al apogeo del señorío tarasco, con plataformas, juego de pelota, estructuras y tumbas. La institución señala además que únicamente una parte del asentamiento ha sido explorada.
La dimensión de la antigua ciudad de Tzintzuntzan también da cuenta de la magnitud del patrimonio en riesgo. El INAH estima que el asentamiento prehispánico se extendía sobre aproximadamente 674 hectáreas, con estructuras distribuidas en terrazas y plataformas de los cerros Yahuarato y Tariáqueri.
Patrimonio que no termina en las zonas abiertas al público
Uno de los principales problemas es que la protección del patrimonio arqueológico no puede reducirse a los sitios habilitados para recibir visitantes.
Los registros públicos del INAH muestran actualmente siete zonas arqueológicas de Michoacán abiertas al público: Huandacareo, Ihuatzio, San Felipe Los Alzati, Tingambato, Tres Cerritos y Tzintzuntzan, además de Pátzcuaro en el registro correspondiente.
Eso significa que existe una diferencia importante entre los sitios que pueden visitarse y el universo mucho más amplio de vestigios arqueológicos existentes en el territorio.
Para las comunidades indígenas, esta discusión tiene además una dimensión territorial. La destrucción de una yácata, una estructura ceremonial, un entierro o un antiguo asentamiento no representa únicamente la pérdida de una pieza o de un monumento: implica la desaparición de información sobre las sociedades que habitaron el territorio antes de la llegada de los españoles.
Por ello, el CSIM plantea que las comunidades originarias deben participar directamente en la vigilancia, protección y conservación de estos espacios.
La pregunta que queda abierta es cuántos sitios arqueológicos más tendrán que desaparecer antes de que la protección del patrimonio deje de depender únicamente de los lugares que ya fueron investigados, delimitados y abiertos al público.
