abril 16, 2026
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La acusación contra el exsecretario de Seguridad se reduce: el caso avanza solo por abuso de autoridad, tras fallas en la integración de la carpeta de investigación.

STAFF | ClsComunica

Tras una audiencia de más de 11 horas, un juez federal vinculó a proceso al exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos N, por abuso de autoridad contra la periodista Dalia Villegas Moreno. La resolución se emitió a las 4:19 de la madrugada de este jueves.

El juez Miguel Ángel Henríquez Rodríguez determinó que existen elementos para procesarlo por la agresión ocurrida el 2 de noviembre en Palacio de Gobierno, cuando la reportera documentaba una intervención policial durante una protesta.

Según el juzgador, hubo uso ilegítimo de la fuerza y vejaciones contra la periodista, quien no cometía delito alguno al momento de ser impedida de grabar con su celular.

Sin embargo, el caso llegó debilitado. La Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no logró sostener dos de los tres delitos imputados: robo calificado e intimidación.

En el primer caso, el juez concluyó que no hay pruebas de que existiera intención de apropiarse del teléfono de la periodista. En el segundo, consideró que no se acreditó que la comunicadora estuviera recabando evidencia con fines de denuncia, como alegaba la Fiscalía.

La resolución deja el proceso penal acotado a un solo delito.

El juez también estableció que hay datos suficientes para presumir la participación del exfuncionario en coautoría, al actuar junto a otros elementos y omitir intervenir para frenar la agresión. La conducta fue calificada como dolosa.

Pese a la solicitud de la asesoría legal de la periodista, el juzgador rechazó que el caso se analice con perspectiva de género.

Como medidas cautelares, se ordenó al imputado no acercarse a la víctima. No se le prohibió salir del país, pero deberá acudir a todas las citaciones judiciales o podría enfrentar prisión preventiva.

El plazo de investigación complementaria será de dos meses y vence el 16 de junio. En ese periodo se definirá si el caso tiene sustento suficiente para llegar a juicio.

El fondo del asunto sigue abierto: una agresión documentada, una acusación recortada y una Fiscalía que no logró sostener su propio caso.

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