Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 14 de octubre de 2026.- Con el objetivo de frenar el colapso financiero de las administraciones locales por juicios laborales heredados, el diputado Vicente Gómez Núñez, representante del Distrito XIX con cabecera en Tacámbaro, presentó ante el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa para auxiliar a los ayuntamientos en el cumplimiento de sentencias y laudos.
La propuesta plantea adicionar el artículo 38 bis a la Ley de Planeación, Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado. La modificación permitiría a los gobiernos municipales solicitar ampliaciones presupuestales extraordinarias a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) cuando carezcan de liquidez para cubrir las liquidaciones de sus trabajadores.
Gómez Núñez puntualizó que la medida no constituirá un recurso discrecional, sino que los ayuntamientos deberán comprobar formalmente la imposibilidad de pago para evitar la parálisis de los servicios públicos o la vulneración de los derechos laborales.
En una segunda propuesta legislativa, el legislador petista planteó reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado para otorgar una remuneración económica a la persona que encabece la presidencia del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en cada municipio.
El diputado argumentó que dicha función implica responsabilidades públicas de representación e instrumentación de políticas sociales de tiempo completo que no deben quedar desprotegidas bajo el esquema tradicional no remunerado, distinguiéndolas de las labores puramente administrativas que ejecuta la dirección general del organismo.
¿Lograrán las ampliaciones presupuestales resolver el problema estructural de los laudos en los municipios o se requerirá fiscalizar las contrataciones indebidas que originan los despidos masivos cada trienio?
