Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 19 de noviembre de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) presentó una queja administrativa disciplinaria contra el juez tercero de Distrito en Michoacán, Rafael Linares Rivera, por presuntas irregularidades en el juicio de amparo promovido por Sergio Carmelo Domínguez Mota, relacionado con la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
La denuncia fue interpuesta por la rectora Yarabí Ávila González ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación. La institución acusa al juzgador de notoria ineptitud técnica, descuido inexcusable y desvío de poder durante la tramitación del expediente VII-1402/2026.
El principal cuestionamiento de la Universidad se refiere a una suspensión de oficio y de plano que el juez concedió a Domínguez Mota, al equiparar la sanción disciplinaria universitaria que enfrentaba con posibles actos de tortura psicológica, bajo el argumento del artículo 22 constitucional.
La medida fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, que declaró fundados los recursos de queja promovidos por la institución y dejó sin efectos la suspensión.
De acuerdo con la UMSNH, el Tribunal Colegiado determinó que las sanciones disciplinarias universitarias no constituyen actos de tortura ni penas infamantes, por lo que cuestionó la fundamentación jurídica utilizada para conceder la protección provisional.
La Universidad también señaló contradicciones en las resoluciones del juez. Indicó que el 29 de octubre negó la suspensión provisional por considerar que afectaba el orden público; el 5 de noviembre concedió una suspensión de plano con efectos restitutorios y, posteriormente, el 18 de noviembre estableció que no procedía otorgar una suspensión con efectos restitutorios respecto de la sanción impuesta.
Otro de los argumentos de la queja es que el juzgador habría ignorado criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con los límites de la intervención judicial en las decisiones de autogobierno universitario.
La institución sostiene que estas actuaciones vulneraron su autonomía, reconocida en el artículo 3, fracción VII, de la Constitución federal, y solicita que se investigue la conducta del juez y, en su caso, se determinen las responsabilidades administrativas correspondientes.
Mientras se resuelve la controversia, la Rectoría aseguró que la Dirección Provisional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales continúa legalmente en funciones y que las actividades académicas y los trámites escolares mantienen su curso.
La disputa coloca nuevamente en el centro la relación entre la autonomía universitaria y el control de legalidad de las decisiones institucionales: ¿hasta dónde puede intervenir un juez federal en la vida interna de una universidad pública sin vulnerar su autonomía, y quién debe garantizar que ese límite se respete?
