Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán.- El diputado de Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, presentó una iniciativa para reformar el Código de Desarrollo Urbano y la Ley de la Función Registral y Catastral de Michoacán, con el propósito de impedir que las subdivisiones irregulares de terrenos obtengan reconocimiento legal por el simple hecho de haberse realizado.
La propuesta contempla modificar el artículo 152 del Código de Desarrollo Urbano del Estado e incorporar el artículo 81 Bis a la Ley de la Función Registral y Catastral, a fin de fortalecer los mecanismos de control territorial y evitar que las autoridades convaliden divisiones de predios ejecutadas sin las autorizaciones correspondientes.
Carreño Sosa advirtió que existe una práctica en la que particulares dividen terrenos sin permisos, comercializan fracciones y permiten construcciones para después acudir ante las autoridades a solicitar su regularización, bajo el argumento de que la división ya existe físicamente.
El legislador sostuvo que la división material de un predio no equivale a una subdivisión legalmente autorizada y que los contratos privados entre particulares no sustituyen las licencias urbanísticas.
Señaló que permitir la regularización de estas operaciones sin cumplir previamente con los requisitos legales genera condiciones de desigualdad, pues beneficia a quienes evaden la normativa frente a los ciudadanos que sí cumplen con los procedimientos establecidos.
Además, alertó que las subdivisiones irregulares pueden propiciar asentamientos sin infraestructura suficiente, vialidades, drenaje, agua potable ni equipamiento urbano, incluso en zonas de riesgo donde no existen condiciones adecuadas de protección civil.
La iniciativa también busca establecer restricciones para impedir que se emitan actos administrativos cuya finalidad sea validar fraccionamientos o subdivisiones realizados al margen de la legislación.
El diputado aclaró que la propuesta no pretende imponer nuevas cargas fiscales ni obstaculizar el desarrollo inmobiliario. También descartó que busque criminalizar a las familias que actualmente habitan asentamientos irregulares y requieren atención de las autoridades.
El objetivo, afirmó, es evitar que desarrolladores inmobiliarios eludan las disposiciones legales y que las instituciones terminen presionadas para reconocer hechos consumados, cuyos costos recaen finalmente en la sociedad.
La propuesta abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad de las autoridades en el crecimiento urbano de Michoacán: ¿cómo evitar la expansión irregular de las ciudades sin dejar en el abandono a las familias que ya viven en esos asentamientos?
