octubre 15, 2026
Ley de Búsqueda de personas
El diputado Toño Carreño Sosa reconoció las virtudes jurídicas de la nueva Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Michoacán, pero advirtió que no es un "cheque en blanco". Exigió presupuesto, herramientas tecnológicas, seguridad para los colectivos y rendición de cuentas pública.

Omaida Melissa García | ClsComunica

Morelia, Michoacán a 15 de octubre de 2026.- Tras la aprobación unánime de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de Michoacán de Ocampo, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Toño Carreño Sosa, reconoció que la reforma armoniza las normas locales con los máximos estándares internacionales de derechos humanos, pero advirtió que su bancada no otorgará un «cheque en blanco» al Poder Ejecutivo.

El legislador de la Bancada Naranja enfatizó que el verdadero reto radica en evitar que la nueva ley se convierta en una «promesa escrita» ante la falta de capacidad operativa de las dependencias estatales.

Eje de ExigenciaDetalle de la Demanda
Recursos y TecnologíaAsignación de presupuesto suficiente para laboratorios forenses, parque vehicular, tecnología y personal capacitado.
Protección a ColectivosMecanismos de seguridad inmediata para familias y colectivos expuestos a violencia en labores de campo.
Búsqueda InmediataEliminación de pretextos burocráticos y aplicación de sanciones a servidores públicos omisos.
TransparenciaPublicación de indicadores independientes sobre personas localizadas, rezagos e inversión ejercida.

Carreño Sosa sostuvo que la coordinación interinstitucional debe incluir protocolos estrictos que protejan activamente a las madres y familias buscadoras, a fin de evitar que queden expuestas a agresiones o amenazas durante los rastreos en territorio.

“Ninguna familia debería buscar sola, y ninguna autoridad debería olvidar que encontrar a una persona desaparecida es una obligación del Estado, no un favor que se le hace a la sociedad”, sentenció el congresista.

Asimismo, propuso que los indicadores de desempeño de la nueva ley sean evaluados por comisiones independientes integradas por las propias familias y colectivos de víctimas, garantizando que las cifras de localización y presupuesto ejercido permanezcan bajo escrutinio público constante.

¿Hará el Gobierno del Estado los ajustes presupuestales necesarios para dotar de laboratorios, vehículos y seguridad a las brigadas de búsqueda, o la ley se enfrentará al cuello de botella de la austeridad?

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