marzo 12, 2026
Portada webProponen fortalecer órdenes de protección para mujeres y menores en Michoacán 3
El diputado del PT Vicente Gómez presentó una iniciativa para armonizar la ley estatal con la federal y fortalecer las medidas de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes en casos de violencia.

Omaida Melissa García | ClsComunica

Morelia, Michoacán a 11 de marzo de 2026.- El diputado del Partido del Trabajo, Vicente Gómez Núñez, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán con el objetivo de fortalecer las órdenes de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Durante su intervención en tribuna del Congreso del Estado de Michoacán, el legislador por el Distrito XIX con cabecera en Tacámbaro señaló que, pese a los avances en el reconocimiento de derechos para grupos en situación de vulnerabilidad, aún existen vacíos que impiden garantizar plenamente su protección.

La propuesta busca armonizar la legislación estatal con las disposiciones federales para establecer medidas que permitan al Estado salvaguardar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad personal y el bienestar físico y mental de niñas, niños y adolescentes.

También plantea incorporar medidas de restitución integral para las víctimas y fortalecer la perspectiva de género y de derechos humanos en el diseño e implementación de políticas públicas.

Entre los cambios propuestos se incluye que las medidas y órdenes de protección relacionadas con infancias y adolescencias sean integradas en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, con el fin de mejorar el seguimiento institucional.

Además, se plantea que en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo donde estén involucrados niñas, niños o adolescentes, las autoridades consideren su edad, desarrollo evolutivo, grado de madurez y el principio de protección reforzada.

El legislador llamó a sus compañeros del Congreso a respaldar la iniciativa para avanzar en la eliminación de barreras que limitan el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables.

La pregunta sigue abierta: si las leyes ya reconocen estos derechos, ¿por qué siguen fallando las instituciones al momento de garantizar protección efectiva para las víctimas?

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