Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 27 de marzo de 2026.- Un juez de Michoacán ordenó la detención del exgobernador Silvano Aureoles Conejo por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con un operativo policial ocurrido en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, en Nahuatzen.
La orden también alcanza al exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona Martínez, así como a 14 policías que participaron en la intervención.
Los hechos se remontan a abril de 2017, cuando fuerzas estatales irrumpieron en Arantepacua para recuperar vehículos retenidos por comuneros en protesta. El saldo: cuatro pobladores muertos por impactos de bala.
Desde entonces, comunidades purépechas han exigido justicia, señalando directamente a Aureoles como responsable político del operativo.
En 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al gobierno estatal tras documentar “violaciones graves” a derechos humanos durante la intervención policial.
El caso se reactiva ahora con consecuencias penales. Aureoles, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, se encuentra prófugo desde el año pasado.
A la par, enfrenta otro proceso a nivel federal por el presunto desfalco de más de 3 mil millones de pesos, relacionado con la construcción irregular de cuarteles de la Policía Estatal mediante esquemas de arrendamiento.
La orden de captura marca un punto de quiebre en un caso que durante años se mantuvo en la impunidad.
La pregunta es inevitable: ¿se trata de justicia tardía… o de una justicia que solo llega cuando el poder se acaba?
