Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán 07 de Mayo de 2026.- La diputada local Nalleli Pedraza Huerta presentó una iniciativa de reforma para fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad en Michoacán y cerrar lo que calificó como un “vacío de transición” entre la formación educativa y el acceso a un empleo digno.
La propuesta, surgida del Primer Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, busca convertir la inclusión laboral en una obligación legal y no en una decisión voluntaria de empresas o instituciones.
“La inclusión no debe ser un acto de caridad o de buena voluntad, sino un mandato jurídico”, sostuvo la legisladora.
Pedraza señaló que uno de los principales problemas ocurre cuando personas con discapacidad intelectual concluyen su formación especial y no logran incorporarse al mercado laboral por falta de acompañamiento, capacitación suficiente y políticas obligatorias de contratación.
Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca ampliar la cuota obligatoria del 5% de contratación, actualmente aplicada solo al sector público, para incluir a empresas privadas con más de 50 trabajadores.
Además, propone crear la figura del “Mentor Laboral”, un acompañante técnico especializado que daría seguimiento durante un año para facilitar la permanencia de las personas en sus empleos.
La reforma también plantea que los programas de formación técnica tengan una duración mínima de un año, con materiales accesibles y herramientas adaptadas a distintas discapacidades.
Otro de los puntos es la creación del certificado “Empresa Incluyente”, que otorgaría ventajas en licitaciones públicas a compañías que cumplan o superen las cuotas de inclusión.
La diputada también criticó la falta de capacitación en áreas de alta demanda como Inteligencia Artificial e idiomas, lo que limita las oportunidades de desarrollo y emprendimiento para este sector.
La iniciativa fue trabajada junto con participantes ciudadanos del Parlamento con Perspectiva de Discapacidad, quienes respaldaron la propuesta legislativa.
El reto ahora será saber si el sector empresarial y el Congreso estarán dispuestos a pasar del discurso de inclusión a obligaciones concretas con impacto real en el empleo.
¿La inclusión laboral seguirá dependiendo de la voluntad de las empresas o finalmente se convertirá en un derecho garantizado?
