Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 18 de noviembre de 2026.- El diputado local de Morena, Juan Pablo Celis Silva, presentó una iniciativa de reforma constitucional para crear un sistema estatal de traducción e interpretación de lenguas indígenas, mediante plataformas digitales y videollamadas que permitan atender a la población en su propia lengua.
La propuesta contempla establecer una central de intérpretes profesionales y certificados que pueda conectarse en tiempo real con hospitales, clínicas rurales y dependencias gubernamentales de cualquier región del estado.
El modelo busca evitar que cada institución tenga que contratar intérpretes de manera permanente y permitir que, mediante herramientas tecnológicas, el personal público pueda solicitar asistencia lingüística cuando atienda a una persona que no habla español.
De acuerdo con los datos expuestos en la iniciativa, Michoacán cuenta con 174 mil 18 hablantes de alguna lengua indígena, de los cuales 8 mil 878 son monolingües.
El proyecto considera la atención en purépecha, náhuatl, mazahua, otomí y otras lenguas originarias presentes en la entidad, con el propósito de reducir las dificultades de comunicación en servicios médicos, trámites administrativos y otros procedimientos gubernamentales.
Celis Silva señaló que las barreras lingüísticas pueden impedir que las personas indígenas reciban atención médica, realicen trámites o conozcan y ejerzan sus derechos.
La iniciativa también surgió de una propuesta ciudadana presentada por Jesús Antonio Cruz Sebastián, joven hablante de p’urhépecha originario de Comachuén, quien expuso ante integrantes de las juventudes del movimiento las dificultades que enfrentan las comunidades indígenas para comunicarse con las instituciones.
El legislador sostuvo que el uso de tecnología debe contribuir a garantizar derechos y no convertirse en un nuevo factor de desigualdad. Sin embargo, la iniciativa plantea un sistema cuya implementación requerirá coordinación institucional y recursos para contar con intérpretes certificados y herramientas de comunicación disponibles.
La propuesta busca que las lenguas originarias puedan utilizarse en los servicios públicos y que sus hablantes no tengan que recurrir exclusivamente al español para acceder a ellos.
¿Qué garantías deberá establecer el gobierno para que este sistema llegue también a las comunidades rurales y no se convierta en una herramienta disponible solo en las regiones con mayor conectividad?
