Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 13 de noviembre de 2026.- El diputado local Abraham Espinoza Villa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Michoacán, con el propósito de facilitar que los ayuntamientos respondan por los daños vehiculares ocasionados por baches.
La propuesta busca modificar el procedimiento que actualmente deben seguir los automovilistas para obtener una indemnización, pues deben demostrar que el desperfecto existía, que el municipio tenía conocimiento de él y que contó con tiempo suficiente para repararlo.
De acuerdo con el legislador, este proceso dificulta las reclamaciones porque no existe la obligación de asignar folios a los reportes ciudadanos ni de mantener un registro público sobre los baches denunciados. Tampoco hay plazos definidos para atenderlos, mientras que los peritajes pueden representar un gasto similar al monto que se busca recuperar.
La iniciativa plantea tres medidas: asignar un folio a cada reporte de bache, crear un padrón público que incluya su ubicación y las fechas de denuncia y reparación, y establecer plazos de atención de acuerdo con el nivel de riesgo, con un máximo de 30 días naturales.
También contempla que los ayuntamientos reparen de inmediato los baches que representen un riesgo para la población.
Espinoza Villa sostuvo que la reforma no implicaría nuevas partidas presupuestales, dependencias ni plazas laborales, ya que los municipios podrían utilizar sus canales y plataformas existentes para registrar los reportes. La propuesta contempla un periodo de 90 días para que los ayuntamientos realicen las adecuaciones necesarias.
El diputado aclaró que la iniciativa no crea una nueva obligación de indemnizar, sino que busca facilitar a los ciudadanos las pruebas necesarias para ejercer un derecho que ya está reconocido en la legislación.
La discusión sobre este problema también se ha extendido a otras entidades. En Baja California, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Ciudad de México se han planteado o desarrollado mecanismos para agilizar las reclamaciones y establecer plazos de reparación.
En Michoacán, la propuesta abre nuevamente el debate sobre la responsabilidad de los gobiernos municipales en el mantenimiento de las vialidades.
Si los ayuntamientos tienen la obligación de mantener las calles en condiciones seguras, ¿por qué los ciudadanos deben asumir los costos de los daños provocados por su falta de mantenimiento?
