Benjamín Álvarez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 7 de julio de 2026.- La estrategia jurídica emprendida por el Consejo del Patrimonio Cultural Originario no se limita a la denuncia presentada contra César Menchaca y Menchaca Studio.
De acuerdo con el organismo, también fueron promovidas diversas quejas contra empresas que, presuntamente, participaron en la comercialización de obras elaboradas con elementos del patrimonio cultural wixárika.
El Consejo informó que las acciones fueron respaldadas por autoridades tradicionales del pueblo Wixárika y forman parte de una estrategia para recuperar el control sobre la utilización de expresiones culturales consideradas propiedad colectiva de las comunidades indígenas.
Según el comunicado, la legislación federal vigente reconoce que el patrimonio cultural originario pertenece a los pueblos y comunidades indígenas, por lo que cualquier uso requiere consentimiento libre, previo e informado.
Los representantes comunitarios sostuvieron que diversas empresas habrían utilizado el discurso de las «colaboraciones» para beneficiarse económicamente de obras elaboradas por artistas wixaritari.
«Durante más de quince años, el trabajo sagrado y la cosmovisión de nuestro pueblo han servido de materia prima para enriquecer proyectos comerciales ajenos», expresan las autoridades tradicionales.
Acusan falta de reconocimiento colectivo
El Consejo aseguró que uno de los principales problemas consiste en que el reconocimiento público suele concentrarse en empresas o promotores, mientras que las comunidades propietarias del patrimonio permanecen fuera de las decisiones relacionadas con la explotación comercial de sus creaciones.
A juicio del organismo, el conflicto no radica en la difusión del arte wixárika dentro o fuera de México, sino en la ausencia de mecanismos que garanticen la participación directa de las comunidades en la toma de decisiones y en los beneficios derivados de su patrimonio.
Buscan fortalecer la autonomía indígena
Las autoridades tradicionales plantearon que el objetivo final consiste en fortalecer la organización comunitaria para que sean las propias comunidades quienes administren los proyectos culturales y comerciales relacionados con su patrimonio.
También rechazaron los argumentos que, anticipan, podrían surgir en defensa del modelo actual de comercialización, al considerar que la eliminación de intermediarios no afectaría a los artesanos, sino que permitiría establecer relaciones económicas directas con compradores e instituciones.
El Consejo informó que continuará dando seguimiento al procedimiento iniciado ante INDAUTOR y sostuvo que la defensa del patrimonio cultural constituye una causa de largo plazo para los pueblos originarios de la Sierra Madre Occidental.
