Benjamín Álvarez | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 16 de junio de 2026. La investigación abierta por el asesinato de la adolescente Valeria permitió a la Fiscalía General del Estado (FGE), reconstruir una serie de hechos delictivos que apuntan a la existencia de una presunta banda de secuestradores vinculada con al menos cuatro casos ocurridos en Michoacán.
Al presentar los avances del caso, el fiscal Carlos Torres Piña reveló que Alexander N., identificado como presunto responsable principal del crimen de Valeria, aparece relacionado junto con Roberto N. y Rigoberto N. en distintos expedientes por privación ilegal de la libertad.
“Estos personajes eran una banda de presuntos secuestradores”, sostuvo el funcionario durante su exposición.
Entre los antecedentes identificados se encuentra el secuestro de una menor de edad cuyos familiares recibieron exigencias económicas por 300 mil pesos, aunque la víctima logró huir antes de que se efectuara cualquier pago.
La Fiscalía documentó además el caso de Rusbert N., quien viajó desde Nogales para encontrarse con personas conocidas y posteriormente fue privado de la libertad.
Los secuestradores establecieron contacto con familiares de la víctima radicados en Estados Unidos para exigir dinero a cambio de liberarlo.
“Empezaron a mandarle mensajes a su hermana que vivía en la Unión Americana para su rescate de 25 mil dólares”, explicó Torres Piña.
La denuncia por desaparición fue presentada el 6 de octubre y tres días después, Rurbert fue encontrado sin vida en una zona que nuevamente aparece en las investigaciones por el caso Valeria.
“Fue encontrado sin vida en estas inmediaciones de La Nopalera y La Aldea, donde también se localizó a Valeria”, indicó.
Las indagatorias también vinculan al grupo con el secuestro de una segunda adolescente, por cuya liberación se exigieron 250 mil pesos. Al igual que otras víctimas, logró escapar de sus agresores.
Sobre el caso que originó las investigaciones, Torres Piña recordó que los familiares de Valeria recibieron múltiples exigencias económicas antes de que la joven fuera localizada sin vida.
El fiscal informó además que las investigaciones derivaron en la revisión de actuaciones ministeriales, lo que llevó a iniciar acciones legales contra un funcionario por presuntas omisiones.
“Si un Ministerio Público, un perito o un policía de investigación no solicita de inmediato algunos temas, se pueden escapar algunas informaciones fundamentales”, advirtió.
