Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 24 de abril de 2026.- Tres accidentes graves recientes en la autopista Zitácuaro–Toluca, en el tramo conocido como “Lengua de Vaca”, reactivaron una discusión que lleva años postergándose: la falta de infraestructura preventiva y controles efectivos al transporte de carga.
La diputada Emma Rivera Camacho presentó una iniciativa para reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. El objetivo es claro: obligar la instalación de rampas de frenado en zonas de alto riesgo y establecer puntos de revisión periódica para vehículos pesados.
El diagnóstico no es nuevo. Fallas mecánicas, unidades sin mantenimiento y ausencia de infraestructura de emergencia están detrás de buena parte de los siniestros. Aun así, la regulación ha sido insuficiente o simplemente ignorada.
La propuesta también toca un punto sensible: el costo del uso de las rampas. Actualmente, el pago suele recaer en operadores. La iniciativa plantea distribuir esa carga entre dueños de las unidades y de la mercancía, con el argumento de evitar que el costo inhiba su uso en momentos críticos.
Rivera Camacho coloca el enfoque en la omisión institucional: priorizar el costo por encima de la seguridad ha tenido consecuencias medibles en vidas perdidas y daños económicos. La meta declarada es reducir a cero las muertes en estos tramos, aunque el reto real está en la implementación y la vigilancia.
El proyecto prevé coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, una dependencia clave que ha sido señalada en distintos momentos por la falta de supervisión efectiva en carreteras federales.
El problema de fondo sigue intacto: sin inspecciones constantes y sanciones reales, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en el papel.
