Omaida Melissa García | ClsComunica
Morelia, Michoacán a 04 de septiembre de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Baltazar Gaona García, se pronunció por garantizar la libertad de expresión musical y cultural en Michoacán, aunque dejó claro que esta protección no debe convertirse en una autorización para hacer apología del delito desde los escenarios.
El legislador sostuvo que su postura no representa un respaldo a los narcocorridos ni a contenidos que promuevan la violencia, sino una defensa del derecho de los artistas a trabajar, de quienes dependen económicamente de la industria musical y de la población a contar con espacios de entretenimiento.
“Yo estoy a favor de que la música se pueda escuchar y disfrutar, de que los artistas puedan trabajar y de que la gente tenga espacios para divertirse”, expresó.
Sin embargo, consideró que deben establecerse límites claros cuando una presentación o expresión artística se convierte en una incitación directa a cometer delitos o promueve conductas relacionadas con la violencia.
Gaona García señaló que no debe permitirse que desde un escenario se haga un llamado a la comisión de ilícitos, se incentive el consumo de drogas, se exhiban armas como elemento de promoción o se emitan expresiones que denigren a las mujeres y otros grupos vulnerables.
El diputado recordó que votó a favor de regular la apología del delito, aunque consideró necesario revisar la manera en que esta disposición está siendo aplicada para evitar que una legislación creada para combatir la violencia termine derivando en una prohibición generalizada de determinados géneros musicales.
“No se trata de abrirle la puerta a la apología del delito. Se trata de encontrar un equilibrio: que haya música, conciertos, trabajo y diversión para la gente, pero sin armas, sin llamados a la violencia y sin promover las drogas”, sostuvo.
El presidente del Congreso insistió en que Michoacán debe garantizar espacios para la música, la cultura y el entretenimiento, sin renunciar a la obligación institucional de combatir las expresiones que puedan representar una promoción directa de actividades delictivas.
El debate, agregó, debe centrarse en encontrar una aplicación equilibrada de la legislación que proteja las libertades, el derecho al trabajo y la convivencia social.
